El gobernador Miguel Barbosa Huerta recriminó que el magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEP), Rubén José Huerta Yedra, fallara a favor de la fábrica textilera La Heredera, a pesar de contar con un cúmulo de irregularidades que le permite seguir contaminando el Atoyac.
Barbosa Huerta indicó que el magistrado en mención, fue el encargado del procedimiento en la sala que encabeza, luego de que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) colocara sellos de clausura a la empresa, propiedad de José González Cobián.
“Este es el magistrado este que se encargó del procedimiento en donde le dan la razón a la empresa y la rehabilitan en su funcionamiento, a pesar de carecer de todo tipo de autorizaciones, de cubrir requisitos de funcionamiento; sí fue él”, indicó.
Huerta Yedra otorgó una medida cautelar restitutoria contra la clausura que hizo el Soapap en junio de 2022, por lo que la fábrica La Heredera continuó vertiendo residuos tóxicos al Atoyac como lo ha hecho constantemente gracias a que ha librado las clausuras hasta en tres ocasiones en los últimos seis años.
De acuerdo con el periodista Álvaro Ramírez, en una segunda entrega de su columna publicada este día en Hipócrita Lector, el magistrado es quien favoreció a la empresa textilera, y es además hermano de Gustavo Huerta Yedra, quien en su momento fue fiscal Metropolitano, cuando en Puebla no se había aún desmontado el escenario creado por el morenovallismo en contra de la cuarta transformación, refirió el mandatario.
Miguel Barbosa enfatizó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado tendrá una nueva Ley Orgánica para acabar con los vicios con que de origen fue constituido, y señaló que forma parte de la reforma al sistema de justicia que fue presentada al Congreso del Estado.
La reforma propone incorporar al Tribunal administrativo al Poder Judicial, incrementando dos magistraturas para que sean nueve y se conviertan en salas colegiadas y dejen de ser unitarias, indicó, tras precisar que ningún magistrado del TEJAEP será removido del cargo.
“Y a ningún magistrado, derivado de esta reforma, se le remueve del cargo, si no van a empezar con amparos, por derechos adquiridos, por cierto, mal adquiridos, pero el amparo ahí está, y claro que podrían tener hasta razón, podrían”, apuntó.
El Ejecutivo poblano envió al Congreso local una iniciativa de decreto que reforma a la Constitución Política del Estado que permitirá consolidar el sistema de justicia en el estado, y que impacta a la integración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
El mandatario abundó que habrá una nueva Ley Orgánica del Tribunal administrativo en la que se establecerá la conformación de las nuevas salas colegiadas, y descartó iniciar un procedimiento de remoción de los actuales magistrados, con la finalidad de no empañar la reforma que ya está en el Legislativo para su análisis.
“Entonces, no, que entre limpiecita esta reforma, pero que ya no sean salas unitarias, es una cosa muy irregular; habrá una Ley Orgánica de los tribunales administrativos en donde se establecerán todas las formas y procedimientos”, abundó.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó al respecto que el próximo jueves se dará entrada a la reforma constitucional que envió el Ejecutivo local.
Esta reforma que impacta una decena de artículos de la Constitución local, será enviada a comisiones para iniciar con su respectivo análisis, pues es uno de los temas que abarcará mayormente la agenda legislativa del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legislativo.
Los diputados también votarán las ternas que envió el gobernador para elegir a los dos perfiles que ocuparán las magistraturas que quedaron vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. Entre quienes integran las propuestas, por parte de los hombres, está el consejero jurídico del gobierno del estado, Carlos Palafox Galeana, y por parte de las mujeres, Sara Esther Ramírez Montagner, directora de la Defensoría Pública del estado.
