El conflicto poselectoral de Coyomeapan sigue siendo el botín del grupo antibarbosista, encabezado por el diputado local de Morena Carlos Alberto Evangelista Aniceto, quienes azuzaron a los pobladores inconformes a impedir la instalación de módulos de seguridad y mantener guardias armados apostados en zonas estratégicas para impedir el acceso de cualquier autoridad.
El gobernador Miguel Barbosa puntualizó que su administración acatará las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que van desde la puesta en marcha unidades de vigilancia para garantizar la seguridad y el tránsito de quienes entran o salen del municipio, además de establecer diálogos para resolver el conflicto que tienen derivado de la elección de esta demarcación el pasado 6 de junio.
Explicó que el reporte que tienen de los últimos días es que integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal pretendían instalar los módulos y mesas de trabajo, pero los pobladores los expulsaron. Los rijosos portaba armas de fuego y se registró un zafarrancho con los uniformados en el que hubo detonaciones.
“Hay unas medidas cautelares que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar la seguridad de los pobladores de Coyomeapan, para investigar unos hechos donde se lanzaron dos granadas. Quien investiga es la Fiscalía General del Estado, ayer se quisieron instalar los módulos de seguridad y la gente, ellos que se quejaron, impidieron que se instalaran los módulos, hubo disparos y hubo de todo tipo de cosas”, apuntó el mandatario.
Indicó que tienen identificados a los responsables del enardecimiento del pueblo a raíz de los resultados electorales del pasado 6 de junio. Estos cabecillas, dijo, han incrementado sus quejas sobre la falta de seguridad en el municipio para establecer guardias armadas, apostadas en los cerros alrededor de Coyomeapan, a fin de repeler a cualquier autoridad que pretenda ingresar.
EL CONFLICTO
El pasado 14 de diciembre, habitantes de este municipio enclavado en la Sierra Negra detuvieron a cuatro sujetos que portaba armas, quienes supuestamente habían acudido para asesinar a 11 personas, todos ellos presuntos líderes del movimiento que han montado en Coyomeapan tras la elección de este año.
Derivado de ello la CNDH, a través de un comunicado, solicitó al gobierno de Puebla aplicar medidas cautelares para cuidar la integridad física de las personas de la población, especialmente del grupo de líderes.
Anteriormente, el diputado local Carlos Evangelista Aniceto, a través de su esposa y diputada federal Julieta Vences Valencia, así como de la legisladora federal Inés Parra Juárez, emprendieron una campaña de desprestigio contra el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues aprovecharon el conflicto de Coyomeapan para denunciar una supuesta persecución contra pobladores que escondieron paquetes electorales.
Hasta la fecha, las dos diputadas federales no han presentado una postura acerca de las recomendaciones de la CNDH, como sucedió en septiembre cuando detuvieron a los pobladores que provocaron la violencia el día de las elecciones; pues ambas junto con el diputado local de Morena han acusado al mandatario estatal de fabricar delitos.
