Al reunirse con funcionarios de la banca, el gobernador Miguel Barbosa Huerta urgió a
establecer acciones de coordinación para inhibir los asaltos a cuentahabientes, tras informarse que en este año suman 56 eventos relacionados con algún tipo de ilícito.
La reunión con los gerentes y representantes de distintas sucursales bancarias marcó el
inicio de la estrategia que había anunciado el mandatario la semana pasada, luego de que
se registrara el asalto al activista Felipe Carpinteyro, quien recibió dos balazos al resistirse
a entregar 300 mil pesos que minutos antes había retirado en un banco.
En el encuentro participaron el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Iván Cruz
Luna; la titular de la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo; así como el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal.
Los funcionarios del gabinete expusieron las estrategias encaminadas al combate a la
delincuencia y a los delitos relacionados con la banca, que ha permitido en Puebla coadyuvar a la recuperación económica.
Daniel Cruz Luna informó que en lo que va de 2022 han ocurrido 56 eventos que están
relacionados con la comisión de un acto delictivo en torno a las instituciones bancarias, como robo a cuentahabiente o robo en sucursal.
El titular de la SSP advirtió que, de no establecer acciones conjuntas, este número podría
duplicarse para el siguiente año, y refirió que en 2020 se registraron 69 hechos y en 2021
fueron 77 eventos.
En ese sentido, dijo que tan solo en el primer semestre de este año la cifra registrada ya
ronda el 70 por ciento de los casos registrados el año pasado.
“Al hacer un análisis podemos advertir de un incremento que se tiene por esta afectación
patrimonial de usuarios que disponen de dinero, por eso el llamado es a establecer una estrategia para atender y prevenir este tipo de conductas”, añadió.
Recordó que de manera reciente dos usuarios de las instituciones bancarias fueron
víctimas de la delincuencia y de manera particular resaltó que habían retirado fuertes cantidades de dinero, una de 900 mil pesos y la otra por 300 mil pesos, que fue el caso del activista Felipe Carpinteyro.
El fiscal del estado exhortó a los encargados de las sucursales a que faciliten la labor de
investigación de los agentes de la FGE tras cometerse un delito, como permitir el acceso a
las cámaras de videovigilancia, así como el acceso a entrevistas con empleados y testigos de los hechos.
Barbosa Huerta reiteró que existe la sospecha de una posible colusión de empleados
bancarios con delincuentes que abordan a los usuarios y les exigen las cantidades exactas del dinero que retiran, por lo que hizo un llamado a revisar sus protocolos de seguridad.
Asimismo pidió tener confianza en las autoridades y del trabajo que realizan para inhibir el delito.
“En Puebla se puede vivir y caminar por las calles, no hay una zona del estado que
esté dominada por el crimen, la fuerza del Estado es mayor y por mucho a cualquier grupo
delincuencial, esto no ocurre en otros estados y ustedes lo saben”, dijo.
