El gobierno estatal, liderado por Sergio Salomón Céspedes, está buscando la formulación de una estrategia para contrarrestar la proliferación de anexos y presuntos centros de regeneración que, en lugar de ayudar, se convierten en terrenos fértiles para la explotación y extorsión de personas lidiando con problemas de adicciones.
El mandatario reveló que la regulación de estos enclaves se ha vuelto una tarea ardua, ya que los operadores se camuflan tras la fachada de servicios de salud, aparentemente gratuitos o de bajo costo, para encubrir sus actividades delictivas.
“Es un tema complejo que involucra la creación de anexos, estamos viendo cómo dar una regulación final a ello, tiene mucho que ver con temas de salud, vamos a ver cómo lo podemos generar de mejor forma, pero vamos a darle mucha rapidez y mucha certeza a esto”, afirmó.
Lo anterior, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) rescató a nueve mujeres —tres de ellas menores de edad—, quienes eran trasladadas en una camioneta Chevrolet Suburban, víctimas de abusos mientras estaban en cautiverio en un supuesto centro de rehabilitación.
Aseguró que, tras el incidente en el Centro de Regeneración “Adulam”, la Secretaría de Gobernación estatal trabaja de manera acelerada para prevenir casos similares en el futuro, por lo que ya se pusieron en contacto con los alcaldes de Palmar de Bravo y Tlacotepec para investigar las omisiones gubernamentales que permitieron la explotación prolongada de las mujeres.
ORÍGENES DEL “ANEXO”
Según informes de El Sol de Puebla, el Centro de Regeneración “Adulam” comenzó como una purificadora de agua hace 15 años para, posteriormente, convertirse en un centro cristiano y finalmente en un anexo exclusivo para mujeres.
Los vecinos, a pesar de conocer su existencia desde hace una década, nunca se acercaron por temor y la administración municipal de Tlacotepec de Benito Juárez alega que el sitio no está en su jurisdicción.
El edil Pedro Flores confirmó que él y su equipo pasaron por el lugar en varias ocasiones, pero al estar fuera de su jurisdicción —solo por unos metros—, no tomaron medidas al respecto.
En medio de la entrevista con dicho medio de comunicación, el director de Seguridad Pública de nombre Víctor, irrumpió de manera hostil, solicitando la identificación de la reportera y la fotógrafa de El Sol de Puebla, exhortándolos a dejar sus celulares y alegando que no podían “filtrar información”. Este episodio culminó con la intimidación del funcionario, quien afirmó tener un sistema para rastrear grabaciones y borró el audio de la entrevista.
Además, el presidente de Palmar de Bravo, Adán Silva Valeriano, admitió que solo tuvo conocimiento del lugar tras las detenciones y enfatizó que el caso está en manos de la Fiscalía, por otro lado, afirmó que su administración no tenía información previa y solicitó penas máximas para los responsables.
La ubicación exacta del presunto anexo, en la carretera Cuacnopalan-Tlacotepec, revela su aislamiento en montes y la falta de señal telefónica. La casa de mármol blanca, hoy marcada por sellos de la Fiscalía, muestra letreros de “Biblioteca y Ludoteca”, sin especificar a qué organización pertenecen. En tanto, la falta de residentes cercanos y una inspectoría auxiliar abandonada contribuyen al aire misterioso que envuelve el lugar.
9 LIBERADAS, 7 DETENIDOS
Desde el pasado 23 de enero, nueve mujeres, entre ellas tres menores de edad, fueron liberadas por la SSP y la Guardia Nacional en la carretera Puebla-Orizaba, cerca de Acajete, tras ser víctimas de trabajos forzados en el Centro de Regeneración “Adulam”. La Fiscalía General del Estado reveló que estas mujeres, llevadas a un anexo cristiano, sufrieron tratos humillantes por parte de este grupo.
La aprehensión de siete personas, incluyendo a dos mujeres y cinco hombres, se llevó a cabo por los delitos de privación ilegal de la libertad y trata de personas. La Fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género, Margarita Garcidueñas Cuellar, indicó que los detenidos, entre ellos un sujeto identificado como “pastor”, están bajo prisión preventiva oficiosa.
El régimen al que fueron sometidas las víctimas incluía trabajos forzados desde tempranas horas, falta de alimentación como castigo y la restricción de bañarse solo una vez a la semana. Las condiciones deplorables incluían falta de higiene, castigos severos y condiciones infrahumanas.
El rescate se concretó cuando una de las mujeres solicitó auxilio a la Guardia Nacional en la autopista Puebla-Orizaba.
