Ante el incremento de denuncias por fraudes y despojos relacionados con redes delictivas en el sector inmobiliario, el Gobierno de Puebla anunció que presentará una iniciativa de reformas al Código Civil y Código Penal para frenar las operaciones del llamado “Cártel Inmobiliario”.
El coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, explicó que la propuesta se encuentra en su etapa final de preparación junto con la Consejería Jurídica y será enviada al Congreso local cuando arranque el próximo periodo legislativo el 15 de septiembre.
Señaló que el paquete de reformas incluye medidas para cerrar el paso a la corrupción en el Poder Judicial y sancionar a servidores públicos o particulares que participen en este tipo de delitos.
Entre los puntos centrales destacó sanciones directas a jueces y magistrados que actúen en complicidad con redes de despojo, castigos a quienes suplantan la identidad de funcionarios públicos para dar apariencia de legalidad a operaciones irregulares y responsabilidad penal a personal de notarías que se presten a la comisión de fraudes inmobiliarios.
El anuncio ocurre después de que, hace poco más de un mes, se destapó el caso de siete familias despojadas de sus viviendas en San Andrés Cholula, situación atribuida a un grupo con nexos con el “Cártel Inmobiliario” de Oaxaca.
Aunque no se han dado a conocer cifras, el funcionario reconoció que en las últimas semanas las denuncias por hechos similares han crecido en distintos municipios, por lo que será la Fiscalía General del Estado la encargada de precisar el número y la localización de los casos.
Además de la agenda en materia de justicia, García Parra señaló que para 2026 se prevé un escenario económico internacional complejo que obligará a replantear prioridades.
En ese contexto, el Gobierno del estado podría optar por un programa de austeridad que concentre los recursos en los proyectos más urgentes, sin poner en riesgo las obras estratégicas en curso.
