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miércoles, marzo 12, 2025

Gobierno de Puebla no pagará “un solo peso” a Melgarejo Construcciones, sostiene Armenta

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El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, expresó su firme negativa ante una demanda presentada por la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones S.A. de C.V., que busca cobrar mil millones de pesos al gobierno estatal, a pesar de no haber ejecutado obra alguna. Armenta calificó de “leonino” y “amañado” el contrato que la compañía pretende hacer valer, por lo que advirtió: “que destituyan antes que pagar”

El mandatario aseguró que la administración no destinará “ni un solo peso” a esta empresa, argumentando que la petición es desmesurada, sobre todo cuando no se construyó ni un metro cuadrado del proyecto del periférico de Puebla.

“Creen que nos chupamos el dedo, esa oferta es una ofensa para mi madre. Pues creen que está el PAN gobernando, perdón, pero con el PAN se crean todos estos monstruos financieros”, dijo.

Armenta también hizo un señalamiento más amplio sobre los costos excesivos de mantenimiento de obras públicas realizadas en gobiernos anteriores, entre ellas el Museo Internacional del Barroco, el teleférico y la Estrella de Puebla, al criticar los contratos que, en su opinión, favorecieron a empresas sin velar por el interés público.

El gobernador puso como ejemplo el costo mensual de mantenimiento del CIS, que asciende a 22 millones de pesos: “Con ese dinero podríamos comprar 15 patrullas al mes y aún nos quedaría para su mantenimiento”, expresó.

Además, Armenta denunció que el contrato que Melgarejo Construcción firmó hace más de 10 años para la construcción del Arco Norte de Puebla no cumplió con los proyectos prometidos, pero sí emprendió un litigio que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exigiendo una indemnización millonaria.

En su momento, la administración de Sergio Salomón Céspedes se negó a pagar los 600 millones de pesos dictados por la Corte, por lo que, el actual gobernador reiteró que no pagará más de lo que la empresa originalmente invirtió en estudios, al señalar que cualquier pago adicional sería un daño directo a las finanzas públicas del estado

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