El alcalde Eduardo Rivera Pérez se negó a investigar de oficio los permisos municipales del edificio que alberga las oficinas del periódico Diario Cambio, luego de que una investigación de Hipócrita Lector reveló que se trataría de un fantasma fiscal, al estar registrado solamente como un Predio Urbano “baldío”.
Al ser cuestionado sobre si se llevará a cabo una investigación respecto del edificio ubicado en la Privada 33 A Oriente, 1407, en el Fraccionamiento Anzures del municipio de Puebla, el edil se limitó a mencionar que las autoridades ministeriales serán las encargadas de desahogar todas las investigaciones, luego de que el director de ese medio de comunicación, Arturo N., está vinculado a proceso por los delitos de extorsión y uso de recursos de procedencia ilícita.
Rivera Pérez manifestó que entregarán la información requerida del edificio a las autoridades correspondientes, pero descartó que desde la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal se investigue si el predio cuenta con todos los permisos de construcción.
“Nosotros no tenemos ninguna opinión al respecto en concreto de esa investigación que tienen que realizar las autoridades ministeriales y son las que tendrán que desahogar, deslindar las responsabilidades del caso de la investigación que comentas. Si somos requeridos como autoridad al respecto de la misma, por supuesto, nosotros tenemos que ser actores y tendremos que cumplir con los mandatos que también nos imponga la autoridad jurisdiccional”, comentó.
De acuerdo con el reportaje firmado por el periodista Álvaro Ramírez, dicho inmueble es propiedad de José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, director de Diario Cambio, quien lo adquirió el 16 de marzo de 2010 del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, cuyo presidente entonces era Francisco Romero Serrano, exauditor Superior del Estado, preso hoy en el Cereso de Puebla por varios delitos.
Las oficinas del periódico sólo tienen existencia física, más no licencias, registros catastrales, de predial, y otros documentos que avalen su erección, motivo por el cual, el gobernador Miguel Barbosa Huerta instruyó al Ayuntamiento de Puebla a aplicar la ley.