Ante las presiones que continuaría ejerciendo el magistrado del Tribunal administrativo, David Paz Moreno, para beneficiar a la familia del exgobernador Antonio Gali en un litigio entre particulares, el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a los afectados presentar una queja ante el nuevo Consejo de la Judicatura, el cual se encarga de vigilar el comportamiento de los integrantes del Poder Judicial.
No obstante, recriminó que pareciera que algunos creen que las cosas siguen igual después de la Reforma Judicial cuando, advirtió, “esto ya cambió” y tendrán que ajustar su actuar a la nueva realidad que vive el Poder Judicial.
Hipócrita Lector publicó este lunes que el magistrado Paz Moreno continúa ejerciendo presión en el Ayuntamiento de San Andrés Cholula contra la síndica de dicho municipio, Felisa Jaramillo Romero, con la finalidad de echar abajo cualquier permiso que se haya otorgado a las 10 empresas que subarrendaron el predio que la familia del exgobernador Antonio Gali mantiene en litigio con el empresario José Layón.
Hace unos días, el pleno de ese tribunal emitió una sentencia, en la que argumentaron una chicanada conocida como “control difuso a favor de la autoridad demandada”, con la finalidad de violar una resolución firme que beneficiaba a José Layón y, de paso, dar un respiro a los Gali para que mantengan vivo el pleito, se publicó este lunes.
Miguel Barbosa recordó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado ya forma parte de la estructura del Poder Judicial, por lo que el nuevo Consejo de la Judicatura es el encargado de revisar el actuar y las resoluciones de todos sus integrantes.
Antes de la reforma constitucional que trajo como consecuencia que el TJA pasara a formar parte del Poder Judicial, no había autoridad que revisara los actos de los magistrados del Tribunal administrativo. “Eran totalmente autónomos, no tenían manera de que se impugnaran sus resoluciones”, añadió.
En ese sentido, dio a conocer que pronto se emitirá una nueva ley del procedimiento contencioso administrativo, la cual se encargará de establecer un recurso de revisión para la autoridad, pues las sentencias del Tribunal Administrativo actualmente se consideran definitivas para la autoridad.
“Que todos los que impartan justicia, lo hagan con moderación y ajustándose a la ley, es mi exhorto a todos, de verdad esto ya cambió. Por eso les digo que algunos creen que la reforma constitucional y la reforma al sistema de justicia fue solamente una reforma legal y que todo va a seguir igual, creo que no lo han entendido, esto no va a seguir igual”, sentenció.
Respecto al litigio que mantienen los hijos del exgobernador Antonio Gali y el empresario José Layón, Miguel Barbosa dijo que quienes se sientan afectados por alguna resolución que esté ligada con actos de presión, de ilegalidad, exceso en sus atribuciones, ya pueden quejarse ante el Consejo de la Judicatura.
El Tribunal de Justicia Administrativa renovará su presidencia a finales de este año, debido a que la actual presidenta, la magistrada Lourdes Dib y Álvarez se jubilará del cargo, por lo que el mandatario adelantó que entre los ocho magistrados restantes deberán elegir a quien ocupe la presidencia de esa instancia jurisdiccional.
Miguel Barbosa reconoció el desempeño que tuvo Lourdes Dib al frente de la presidencia del TJA y refirió que los magistrados tendrán que reunirse para elegir al nuevo presidente o presidenta del tribunal.
“El concepto que tengo del desempeño de la presidenta magistrada Lourdes Dib es extraordinario, lo ha hecho bien, es una jurista muy destacada que actúa siempre de buena fe en medio de siete magistrados con los que tiene permanentemente intercambio de posiciones, yo le tengo mucho respeto”, apuntó.
Explicó que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa tendrá que celebrar una sesión de pleno para que los ocho restantes -una vez que salga la magistrada- elijan a quien será la nueva o presidenta o el nuevo presidente.
“Con perfiles de idoneidad, de persona con enormes conocimientos jurídicos, imparcial, honorable, serena o sereno”, apuntó.