Tras el revés a la reforma legislativa que transfirió la operación y administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Puebla mil 542 elementos de la institución pública regresarán a ser controlados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la decisión de invalidar la reforma legal avalada en 2022 bajo el argumento de que la corporación de seguridad creada en 2019 debe tener un carácter civil, más no militar, para Puebla significará una reestructuración total de los mandos.
Hasta el año pasado, la Guardia Nacional estaba conformada en Puebla por 10 coordinaciones regionales, así como nueve cuarteles y la proyección de que fueran construidos 18 más a lo largo del 2023.
En cuanto a las coordinaciones regionales, actualmente están ubicadas en los municipios de Zacatlán, Atempan, Puebla, Tepeaca, Chalchicomula de Sesma, Tecamachalco, Atlixco, Acatlán Tehuacán y Ajalpan.
Además, entre las instalaciones de la Guardia Nacional en la entidad también se encuentran nueve cuarteles que están ubicados en los municipios de Atempan, Tecamachalco, Acatlán, San Martín Texmelucan, Huauchinango, así como en la XXV zona militar.
Toda esta infraestructura, al igual que los mil 542 elementos de la corporación, deberán ser administrados nuevamente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal.
A decir del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la transferencia de la operación se había efectuado para “garantizar la permanencia, consolidación, implantación territorial, así como el profesionalismo, vocación de servicio y espíritu de cuerpo de sus integrantes”.
EL PAPEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN PUEBLA
A pesar del debate suscitado a raíz de la presunta militarización del país con el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, en Puebla las autoridades de gobierno han respaldado la propuesta del presidente de la República.
El finado exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, por ejemplo, manifestó en septiembre del año pasado que desde tiempo atrás la Sedena controlaba a la Guardia Nacional, toda vez que sus elementos obedecen las órdenes del Ejército, motivo por el que consideró una buena noticia el cambio de estructura.
“Hace tiempo que esto ya está, en Puebla la Guardia Nacional responde al control y a las órdenes dictadas por la Sedena, esto ya existe en los hechos, entonces su regularización es una buena noticia, me pronuncio a favor y celebro que haya sido así”, declaró.
El exmandatario expuso que la propuesta tendría efectos positivos como el combate a la corrupción en materia de seguridad pública al hacerlo como policía civil. Sin embargo, también exhortó a la institución a que realizara trabajos de investigación e inteligencia pues no había resultados en la materia.
En diciembre del año pasado, Barbosa Huerta también recriminó la inacción de la Guardia Nacional y la Sedena para detener a delincuentes dedicados al huachicol, toda vez que denunció que el gobierno del estado era el que mantenía la estrategia para desarticular a bandas dedicadas al robo de combustibles y asegurar pipas de gas, mientras que los primeros solo acordonaban las zonas de los hechos con el apoyo de Pemex, pero sin la detención de los involucrados.
En ese sentido, expuso que a la Secretaría de Seguridad Pública estatal no le era permitida la vigilancia de los ductos de Pemex para fortalecer la estrategia de combate al huachicol.
ESCÁNDALOS DE LOS ELEMENTOS
La participación de la Guardia Nacional en territorio poblano no ha sido únicamente para reforzar la seguridad pública bajo el control de la Federación, también se han visto involucrados en hechos constitutivos de delitos.
Por ejemplo, en abril de 2020, a un año de haberse formado la Guardia Nacional, fueron divulgadas fotografías en las que se aprecia que patrullas de la Guardia Nacional se encontraban estacionadas fuera de un domicilio de personas presuntamente dedicadas al huachicol.
Las fotografías fueron publicadas por Jonathan Valencia, hijo del presunto líder huachicolero Vicente Valencia, quien presumió la compañía de los uniformados en el municipio de Venustiano Carranza, ubicado en la frontera con Veracruz.
A la par, en febrero de este año elementos de la Policía estatal detuvieron a elementos de la Guardia Nacional que presuntamente alcoholizados realizaban disparos de armas de fuego a bordo de la unidad 19256, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, tan solo durante el primer semestre de 2022 se dio cuenta de cinco quejas contra elementos de la Guardia Nacional: dos estaban en proceso de conclusión por falta de interés del denunciante y otras tres se encontraban en trámite.
Los hechos que se denunciaron fueron: una acción que transgredió los derechos indígenas, una por emplear arbitrariamente la fuerza pública, una por tortura, una por retardar o entorpecer la investigación o procuración de justicia y en dos más no se acreditó el hecho violatorio.
