El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó la existencia de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal por 400 millones de pesos que involucra al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco; al director del Diario Cambio, Arturo Rueda Sánchez de la Vega, y al exauditor Francisco Romero Serrano, quien se encuentra preso en el penal de Tepexi.
Aunque Barbosa Huerta dijo desconocer a detalle las diligencias que describen las pesquisas del dinero que presuntamente recibieron a través de varias empresas, entre ellas Multisistemas de Noticias Cambio, pidió que cada quien asuma las consecuencias de sus actos, pues les recordó que existen “profesionales de señalamientos falsos”, dijo en un tono irónico y remató:
“Hay profesionales de señalamientos falsos, ¿verdad? Esa ha sido la trayectoria de muchos, hay que ver las cosas en su exacta dimensión, que cada quien asuma las consecuencias de sus actos”.
La denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General del Estado (FGE), derivada de dicha investigación, es un hecho que desconocía el mandatario poblano, sin embargo, recomendó a los señalados no preocuparse si son inocentes.
“El que se sienta inocente que no se preocupe, seguramente, cuando los hechos lleguen ante una autoridad se podrán dilucidar los mismos. Es lo que les digo, así de simple, quien se sienta inocente que no se preocupe, yo es lo que puedo decir nada más, cada quien sabrá cuánta responsabilidad tiene respecto de señalamientos”, comentó Miguel Barbosa.
La investigación difundida a nivel nacional inició con la presentación del oficio 110/231/2021 de la UIF, entonces dirigida por Santiago Nieto Castillo, en la Fiscalía poblana con el cual Gilberto Higuera Bernal inició una carpeta de investigación.
Cuestionado sobre la llamada Operación Angelópolis, que pone al descubierto la indagatoria a los movimientos financieros de los involucrados, el mandatario estatal refirió que desde hace más de un año tuvo conocimiento de su existencia, pero desconocía que el caso pasó a instancias de la FGE.
“Sí sabia yo desde hace mucho más de un año de esta indagatoria, sí sabia de su existencia, no conocía las diligencias que constituían la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, no las conocía, hasta ayer que leímos todo este enorme caudal de información”, expresó en torno a la publicación de los reporteros Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda, y que fue difundida en el portal www.xpectrofm.com.
A través de una amplia investigación, la UIF develó la existencia de 32 empresas, entre ellas Diario Cambio, que fungían como fachada y factureras con las que los involucrados habrían recibido depósitos millonarios mediante transferencias bancarias y depósitos en efectivo.
La UIF, instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargada del combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita -comúnmente conocido como lavado de dinero- rastreó las actividades fiscales de Arturo Rueda, Florentino Daniel Tavera, Francisco Romero e Ignacio Mier.
Y mantiene en vigilancia las actividades de las empresas Multisistemas de Noticias Cambio, CESA Ingeniería y Consultoría Integral, Sindicato José Vasconcelos de Trabajadores de Empresas de México y Comercio y Servicios.
En Puebla se cuenta con una unidad que tiene facultades al igual que su par a nivel federal para investigar operaciones financieras irregulares, la cual se encuentra en el organigrama de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
En enero de 2022, su titular María Teresa Castro Corro dio a conocer que durante 2021 se presentaron 58 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, derivado de presuntas operaciones financieras irregulares por un monto de 2 mil 159 millones de pesos. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría investigó a 334 personas.
En la investigación de la UIF federal también está involucrado el extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, quien el pasado 31 de marzo fue destituido por el Congreso del Estado.
Sobre Romero Serrano pesa una acusación dee lavado de dinero, pues desde la ASE se señaló que recibía moches por parte de los sujetos de revisión a cambio de la aprobación de sus cuentas públicas, lo cual lo mantiene en prisión preventiva en el penal de Tepexi de Rodríguez, mientras continúan las etapas de investigación.
En la información difundida este domingo, se relaciona al exauditor con la Operación Angelópolis, ya que éste habría recibido cheques por concepto de adquisiciones directas de diversos municipios del estado por concepto de publicidad.
