El partido Pacto Social de Integración decidió sumar a sus filas a una familia que dista de tener un blanco historial a cuestas: Los Valencia, un grupo señalado por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta por actuar ilegalmente bajo protección de gobiernos estatales emanados de Acción Nacional y del PRI.
El “Pacto de Integración” con la familia fue visible en una publicación en la red social X de la cuenta del dirigente de PSI, Carlos Navarro Corro, donde luce acompañado de Marcos Valencia, uno de los hijos del clan y que hoy es candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza, siglado por el PRI.
Platicar con mi amigo Marcos Valencia, con quien comparto el proyecto de un #VenustianoCarranza major, me motiva como presidente de @pueblaPSI, y su integración a este proyecto, nos fortalece. pic.twitter.com/ickkpJBmpL
— Carlos Navarro Corro (@CNavarroCorro) March 5, 2024
Esta alianza se afianzó con la reciente visita del candidato de Mejor Rumbo para Puebla a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, al municipio de Venustiano Carranza.
Allí, Marcos Valencia postró en fotografías junto al exmunícipe y hasta le levantó la mano durante un mitin político en Venustiano Carranza –bastión de la familia Valencia– donde Rivera recibió la constancia que lo acredita como el abanderado de la coalición que integran los partidos PAN-PRI-PRD-PSI.
Rivera Pérez no ha dudado en mostrar el apoyo incondicional al PSI pese a los señalamientos contra varios integrantes de este instituto. Por ejemplo, Inés Saturnino, expresidente municipal de Tecamachalco a quien en un evento político le dedicó las palabras: “Y de una vez lo hago público, Inés, aquí vamos a estar en las buenas y en las malas y sí se meten contigo, se meten con PSI y se meten con la alianza y se meten con Lalo Rivera”.
Este apoyo ocurrió pese a que Inés Saturnino estuvo en prisión, acusado por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, así como amenazas. Hoy, el candidato panista ya sumó a otro clan más: Los Valencia, acusados por mantener un régimen de huachicol y caciquismo en la región.
COBIJO DE 11 AÑOS
Múltiples fueron las acusaciones contra la familia Valencia, dirigidas en propia voz del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que el clan lideraba un cártel, con sicarios bajo su mando, e instauró un régimen de “terror y miedo”.
De acuerdo con las acusaciones, a lo largo de más de 11 años, los Valencia Ávila recibieron respaldo de varios partidos políticos, incluyendo el PRI, Verde Ecologista, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, manteniendo el control de la alcaldía.
No obstante, la Fiscalía General de la República detectó posibles vínculos con bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, además de ser presuntos familiares de uno de los fundadores del cártel de Los Zetas, El Z43.
Por otro lado, saltó a la luz un escándalo en el que se divulgó que elementos de la Guardia Nacional se fotografiaron con miembros de la familia, a pesar de las advertencias del gobierno estatal sobre las investigaciones en curso.
La historia de Los Valencia remonta también a un caciquismo de más de una década en el que desempeñaron un papel activo en la vida política de Venustiano Carranza, respaldando alianzas entre PRD, MC y PAN, especialmente durante las elecciones de 2018, donde resultó victoriosa la panista Martha Erika Alonso.
En medio de estos señalamientos, Rafael Valencia Ávila, quien fuera presidente municipal, enfrentó la detención de su esposa Lucía N, en 2018, acusada de presunta responsabilidad en el robo de hidrocarburos.
En 2018, Rafael Valencia Ávila renunció al PRI para unirse al exgobernador Antonio Gali Fayad, llevando consigo a toda la familia al blanquiazul.
En la misma elección, Vicente Valencia Ávila ganó la alcaldía con la alianza Por Puebla al Frente. Patricia Valencia, hermana de los exalcaldes, fue candidata a diputada federal por el PAN en 2018 pero perdió en las urnas.
La llegada del exgobernador Miguel Barbosa Huerta llevó a acusaciones contra la familia, pues denunció a Los Valencia de ser protegidos por gobiernos estatales del PAN y del PRI.
En respuesta, Marco Valencia, representante legal de la familia, interpuso una denuncia por daño moral contra el exgobernador, al acusar supuestas represiones que derivaron de un cateo en su domicilio.
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla reconoció a los Valencia como “víctimas del estado”, aunque el presidente municipal, Ernesto García Rodríguez, aún hasta finales del año 2023, destacó que esto no implicaba su inocencia o culpabilidad, toda vez que las investigaciones en su contra se mantienen en curso.
Aún hasta octubre del año pasado, el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, reconoció que, aunque la CDH emitió tal resolutivo, las pesquisas en contra de la familia no se han detenido y continuarán sin importar “a quién se le tengan que aplicar la ley”.
