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viernes, diciembre 6, 2024

Edil de Huauchinango entrega 10 mdp a hijo de presunto ecocida… con retroactividad de un año

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Sumado a las denuncias por solapar el ecocidio cometido por el empresario Gilberto Villa Huerta en la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, el alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo, convirtió a la familia Villa Herrero en sus empresarios consentidos.

López Angulo entregó dos contratos por más de 10 millones de pesos por adjudicación directa a Ángel Villa Herrero, hijo del hotelero, para que a través de su empresa Bau Green SA de CV, dotara de “material de ferretería para mantenimiento de instalaciones y servicios públicos del Ayuntamiento”. 

Uno de los dos contratos fue signado el 17 de enero de 2022 —tres meses después de asumir el cargo como edil—, pero la vigencia de prestación de servicios es del 15 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, es decir, no sólo es retroactivo un año antes, sino que incluye un periodo en el que López Angulo ni siquiera había sido electo. 

Lo anterior supondría una extralimitación a las funciones del munícipe y podría incurrir en un daño patrimonial si es que se pagaran facturas que incluyan servicios anteriores a su gestión. 

Especialistas consultados explicaron que ninguna autoridad municipal puede ejercer una retroactividad a sus funciones, por lo que el contrato tendría evidentes vicios de ilegalidad. 

Las asignaciones de más de 10 millones de pesos se suman a otros seis contratos, por un monto de 6.9 millones, que Rogelio López Angulo entregó a Venght Villa Herrero, hija también del hotelero, para la construcción de diversas obras en el último año y sin una licitación pública de por medio, toda vez que los contratos fueron entregados por adjudicación directa o por invitación a tres o cinco personas. 

 

ROGELIO ÁNGULO PREMIA CON 10 MDP A FAMILIA VILLA

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Ayuntamiento de Huauchinango exhibió dos contratos en los que Ángel Villa Herrero fue beneficiado por el gobierno municipal, los cuales tienen evidentes contrariedades y errores de redacción. 

Según la revisión de ambos contratos, entregados por el presidente municipal emanado de Nueva Alianza, Ángel Villa Herrero recibió de la gestión municipal entre 6.2 millones y 10.4 millones de pesos en dos contratos para el abastecimiento de materiales de ferretería debido a que se pactaron de forma abierta. 

El primero, sostiene que se efectuó un pago mínimo de 5.7 millones de pesos y máximo de 9.5 millones de pesos; aunque fue signado el 17 de enero de 2022, señala que la vigencia del contrato fue del 15 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, lo que representa una ilegalidad, toda vez que en la primera fecha seguía al frente de la presidencia municipal, Gustavo Vargas Cabrera. 

El segundo contrato abierto que tiene el mismo objeto de prestación de servicios estableció como pago a Bau Green SA de CV, un monto mínimo de 582 mil pesos y máximo de 970 mil pesos, para vender materiales de ferretería del 19 de enero de 2022 al 31 de diciembre de ese mismo año. 

En ambos casos, son desconocidos los consumibles a los que la empresa se comprometió entregar, pues en los contratos no se abunda en detalles sobre cuáles fueron los compromisos, sino únicamente se establecen los montos simples y llanos. 

De acuerdo con su acta constitutiva, la compañía Bau Green obtuvo registro notarial en 2011, pero fue en 2016 cuando sus accionistas decidieron mover el domicilio de la sociedad a la Ciudad de México, con la aclaración de que pueden establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o en el extranjero. 

 

VENGHT VILLA RECIBE HASTA 6.9 MDP

Además de los dos contratos abiertos que fueron entregados a Ángel Villa por hasta 10.4 millones de pesos en 2022, en el caso de Venght Villa, el Ayuntamiento de Huauchinango le pagó 6.9 millones de pesos más a través de seis diferentes convenios de prestación de servicios con la empresa Servicios Complementarios Lobo SA de CV. 

Hipócrita Lector publicó que el gobierno de ese municipio pactó los pagos para trabajos de pavimentación, mantenimiento a casas de salud y construcción de módulos sanitarios. Un hecho que causa sospechas es que el 6 de octubre de 2022, Venght Villa Herrero firmó tres de esos seis contratos de obra pública por un monto total de 3.4 millones de pesos, es decir, en un solo día. 

El primer monto fue signado por 1.9 millones de pesos para el mantenimiento de casas de salud en el municipio de Huauchinango y ocho meses después se contrataron dos obras de pavimentación con concreto hidráulico en la localidad de Cuaxicala y en la colonia Camelias, por montos de 1.2 millones y 665 mil pesos, respectivamente. 

El siguiente convenio fue para la construcción de módulos sanitarios por 1.5 millones de pesos y para el 15 de diciembre de 2022, Venght Villa recibió otro contrato para la construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle 5 de febrero en el barrio de Atenco, por un millón de pesos. 

La situación se replicó en abril de este año, cuando la Comuna de Huauchinango pagó a la misma empresa 612 mil 637 pesos por la rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la calle Camino a Puga, en la colonia Bella Vista. 

ACUSAN COMPLICIDAD

Los contratos signados por el ayuntamiento a cargo de Rogelio López, que suman hasta 17.3 millones de pesos entre los pactados con Venght y Ángel Villa Herrero, ocurren a la par que vecinos de la comunidad de Patoltecoya denunciaron una presunta complicidad entre el munícipe y Gilberto Villa Herrero. 

El alcalde ha hecho caso omiso a la serie de denuncias ciudadanas que piden frenar el ecocidio cometido en la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, donde señalan, se han talado árboles con la intención de construir viviendas de interés social.

Las sospechas ahondan, luego de que, a inicios de agosto, los inconformes buscaron al edil para pedir una explicación del motivo por el que el municipio no ha clausurado los trabajos que no cuentan con licencias de construcción ni permisos de impacto ambiental, así como el hotelero sigue haciendo de las suyas al ignorar las lonas de clausura que colocó la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa). 

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