“Quien construye sin autorización tiene el riesgo de hasta la demolición”, fue la advertencia que lanzó el gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre el edificio que alberga las oficinas de Diario Cambio, construido por la empresa Merops, propiedad de Arquímides Ríos Andraca, Quimi, el cual no contó con autorizaciones, ni licencias ni permisos de la autoridad y se mantiene registrado como un lote urbano baldío.
Ríos Andraca estaría vinculado a la llamada Operación Angelópolis, debido a las transacciones con su empresa constructora, una de las 32 que participaron para presuntamente blanquear más de 471 millones de pesos.
En un trabajo de los periodistas Álvaro Ramírez e Ignacio Juárez publicado este miércoles en Hipócrita Lector, se desnudan los vínculos que mantiene Quimi, como es conocido entre sus allegados, con los dueños y socios de Diario Cambio, Ignacio Mier Velazco y Arturo Rueda, este último director aún y hoy preso en el penal de Tepexi de Rodríguez, enfrentando cuatro imputaciones penales.
Todos ellos están relacionados con la trama que investigó y denunció la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto lavado de dinero y evasión fiscal por 427.1 millones de pesos.
La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) permitió rastrear el traslado de 622.7 millones de pesos a través de al menos 30 empresas creadas en menos de 24 meses por Florentino Daniel Tavera, actualmente preso.
Al respecto, el mandatario estatal desconoció si la empresa Merops está en la relación de las 32 empresas que presuntamente fueron utilizadas para blanquear capitales, ya que es un asunto que le corresponde a la Fiscalía del Estado. Indicó además que las carpetas de dicha investigación continúan abiertas.
“Son cuestiones que corren a cargo de la autoridad ministerial, de la fiscalía, de las carpetas que están abiertas si esta carpeta está sujeta a investigación”, comentó.
El edificio que alberga las oficinas de Diario Cambio está registrado ante el Ayuntamiento de Puebla como un “lote urbano baldío”, a pesar de que se trata de una construcción valuada en alrededor de 46 millones de pesos y al parecer no contó con las licencias y permisos correspondientes para su construcción.
Sobre el tema, Miguel Barbosa apuntó que cuando hay una construcción se debe tener constancia de que esta contó con las debidas autorizaciones, licencias y permisos, pues en torno a la edificación que alberga al diario no se cuenta con ningún tipo de antecedente que justifique su erección.
Incluso el mandatario indicó que entre las obligaciones que se deben cubrir al momento de iniciar una obra está el pago de los impuestos correspondientes a la inversión; no obstante, en este caso, tampoco existe un registro por la inversión que fue de alrededor de 46 millones de pesos.
Para el gobernador los propietarios del inmueble en cuestión “fueron omisos” en todas las obligaciones respecto a la construcción del edificio, el cual está ubicado en la Privada 33 A Oriente, 1407, en el Fraccionamiento Anzures del municipio de Puebla.
Tiene cuatro niveles y espacios de lujo, aunque sólo tiene existencia física, pues todo su proceso de construcción, los permisos municipales para ello, las licencias, los registros catastrales y de predial que avalen su erección y, principalmente, los reportes financieros y fiscales sobre el dinero que se utilizó para la obra, no existen.
De ahí que el titular del Ejecutivo estatal advirtiera que la autoridad municipal tendrá que revisar los permisos correspondientes, y en caso encontrar irregularidades como las que se han venido documentando, el edificio podría ser, incluso, demolido.
“No conozco más que lo que se ha dicho, que fueron omisos los propietarios del inmueble en todas sus obligaciones respecto de la obligación del edificio. La autoridad administrativa tendrá que declarar lo correspondiente, quien construye sin autorización tiene el riesgo de hasta la demolición, aunque el techito sea de cuatro pisos”, declaró.
Miguel Barbosa también se refirió a la inexistencia de trámites legales sobre el inmueble en donde fue construido el edificio “sobre el que no existió ninguna licencia, ninguna declaración de erección”, añadió.
Sostuvo que la inversión de dicha construcción “debe tener un origen” legal, pues refirió que las irregularidades en torno al edificio de Diario Cambio son muestra de la impunidad de la que gozaban sus socios en anteriores administraciones.
