El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, enfrenta un revés en su proceso legal, luego de la negativa de un juez de amparo para concederle una suspensión de plano que le permitiera acudir a un hospital especializado para recibir atención médica fuera de su domicilio.
Marín Torres, quien recientemente obtuvo el beneficio de llevar su proceso penal en prisión domiciliaria, solicitó la protección de la justicia federal para poder salir de su hogar y someterse a exámenes de resonancia magnética y neurología, argumentando que necesitaba definir un tratamiento médico y obtener medicamentos e insumos.
De acuerdo con El Universal, el exgobernador priista planteó que estos procedimientos podrían llevarse a cabo en un hospital público o privado de tercer nivel, ya sea con recursos propios o de su familia.
Sin embargo, Alfonso Alexander López Moreno, juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, resolvió que no podía otorgarle la suspensión de oficio, al considerar que los actos reclamados no representan un peligro inminente para su vida ni constituyen una violación grave a sus derechos fundamentales.
Ante esta resolución, Marín Torres interpuso una queja que fue turnada al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con la intención de que resuelva el recurso de impugnación.
Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso públicamente a dos juezas que presuntamente favorecieron al exgobernador en su proceso judicial por tortura contra la periodista Lydia Cacho.
La primera jueza, Elsa Patricia Espinoza Salas, otorgó un amparo a Marín el 5 de agosto que revocó la decisión anterior que mantenía su prisión preventiva, además argumentó que ya había cumplido con el plazo constitucional de dos años en prisión preventiva, ordenando una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares.
La segunda jueza mencionada fue Angélica Ortuño Suárez, quien, basándose en el amparo otorgado, modificó las medidas cautelares de Marín el 10 de agosto, lo que le permitió su liberación inmediata del penal del Altiplano, imponiéndole arraigo domiciliario en Puebla, el uso de un brazalete electrónico, una garantía económica de 100 mil pesos y la prohibición de salir del país.
Durante la conferencia, en una sección llamada “Jueces que favorecen a delincuentes”, se sugirió que ambas juezas actuaron de manera parcial en favor de Mario Marín, quien ha sido señalado por la opinión pública como responsable de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
Además, López Obrador lo acusó de haber participado en el fraude electoral de 2006, junto con el expresidente Felipe Calderón, situación que le ayudó para librar la justicia por varios años.
El mandatario también lamentó que la Guardia Nacional tuviera que destinar recursos para custodiarlo de regreso hasta su domicilio, lo que le valió multas al gobierno federal por complicaciones al momento de cumplir con el traslado.
