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jueves, junio 30, 2022
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Deuda de 160 mdp de Lalo Rivera para obras superfluas y no para combate a la pobreza

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Pese a que la Ley de Coordinación Fiscal establece que el uso de recursos de Fondo Infraestructura Social Municipal debe estar orientado al combate de los principales indicadores de pobreza, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, prefirió destinar la deuda de 160 millones de pesos que contratará con un banco privado -dejando como garantía tales recursos federal- para realizar obras con poco o nulo impacto en el rubro, como es la relaminación de vialidades e incluyó calles del Centro Histórico que distan mucho de estar en condiciones de marginación. 

De acuerdo con el punto de acuerdo aprobado por la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del Cabildo de Puebla, del crédito de 160 millones que solicitarán el 60.2 por ciento (96 millones 374 mil 116.80 pesos) será para la rehabilitación de cinco vialidades, de las cuales sólo dos están en una colonia marginada: San Ramón. El resto se encuentra en la zona urbana y son accesos de alto flujo vehicular.  

A la par, la gestión panista pretende destinar 64 millones 66 mil 999.26 pesos a proyectos de agua y drenaje, de los cuales 21 millones 353 mil 943.72 pesos irán a los trabajos de alcantarillado y tomas de agua potable de las calles 16 y 18 Oriente-Poniente, entre el bulevar Héroes del 5 de Mayo y la avenida 11 Sur. En estricto sentido, tales obras en el Centro Histórico no representan un combate a la pobreza sino una simple rehabilitación en donde los habitantes ya cuentan con esos servicios, además de que la Comuna tiene el objetivo de posteriormente relaminar esos lugares con recursos propios como parte de su empecinamiento de dar prioridad a esta zona. 

El resto de los recursos disponibles (42 millones 713 mil 055.54 pesos) sí irán a la dotación de pozos de agua potable en zonas marginadas como San Miguel Canoa y San Pablo Xochimehuacan, además de un colector pluvial en la colonia Santa Catarina, de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, que cuenta con características de vivienda urbana. 

 

¿QUÉ DICE LA LEY? 

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que reciben las entidades, municipios y otras demarcaciones están compuesto por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FASE).  

El artículo 33 de dicha norma establece que los recursos que son asignados a los municipios a través del FISM deben destinarse a “agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social”.  

Y agrega: “Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero”. 

Dicho informe, a partir del 2018, es emitido por la Secretaría del Bienestar federal. Para el caso de Puebla se estima que hay 680 mil 945 habitantes en pobreza: 38 por ciento, moderada; 21 por ciento, por carencia social; 11.6 por ciento, por ingresos y 5.4 por ciento, en situación extrema. 

Cuando se aborda la pobreza por carencia, el 52 por ciento de los poblanos de la capital no cuentan con seguridad social; el 32 por ciento no tiene acceso a servicios de salud; 20 por ciento, tiene problemas de alimentación; 10.7 por ciento, se encuentra en rezago educativo; mientras que el 4.2 por ciento enfrenta problemas de vivienda. 

Si bien la Matriz de Inversión del 2022 incluye más de 150 categorías para inversión, estas se dividen en aquellas que tiene un impacto directo en el combate a la pobreza o bien un impacto complementario. De igual forma, el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social permite que haya una inversión de hasta 60 por ciento en obras complementarias, pero es ahí donde influye el tipo de planeación que cada autoridad diseña para enfrentar las condiciones pobreza o marginación de acuerdo a sus indicadores y bajo el supuesto de que es una acción prioritaria. 

 

¿Y A DÓNDE QUIEREN INVERTIR? 

Sin embargo, el punto de acuerdo aprobado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dista radicalmente de priorizar el combate a la pobreza y apuesta por obras complementarias como son la relaminación de vialidades y la inversión en zonas que ya gozan de servicios de agua potable y alcantarillado. 

El documento -cuya copia obra en poder de este reportero- lleva el pomposo título de “Punto de acuerdo por medio del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla para que por conducto del Presidente Municipal Constitucional y de la Tesorera Municipal, se gestione, tramite, negocie y contrate ante cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano que presente las mejores condiciones de mercado, el otorgamiento de un financiamiento destinado a inversiones públicas productivas en materia de infraestructura y equipamiento urbano, hasta por un monto de 160,167,498.16 millones de pesos, más gastos financieros derivados del mismo, por un plazo no mayor al catorce de octubre de dos mil veinticuatro; estableciendo como fuente de pago y garantía los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”. 

A pesar de tratarse de una inversión de evidente combate a la pobreza, los regidores establecieron en el Considerando XX que el equipamiento urbano para la “debida estancia, comunicación y movilidad” es una de las principales demandas y prioridades de la ciudad debido a su impacto metropolitano.  

Desde su punto de vista, los últimos tres años de gobierno, es decir, en el periodo de la morenista Claudia Rivera Vivanco, existió una “limitada ejecución de obras de infraestructura urbana y de equipamiento”, lo que “acentuó aún más su rezago en atención a las necesidades de pavimentación, relaminación y obras de infraestructura básica y de servicios, en detrimento de la calidad de vida de sus habitantes y aumento drástico de las exigencias de la población por la insuficiencia de obras civiles que dignifiquen, en medida de lo posibles, la vida de los poblanos del centro, de la periferia y de las juntas auxiliares”. 

Por si fuera poco, ante una inversión de combate a la pobreza la decisión de definir cuáles son las prioridades de atención no corrió a cargo de la Secretaría de Bienestar municipal sino en la Secretaría de Movilidad e Infraestructura.  

Y es ahí, en donde la Comuna basa su planteamiento de gasto del 60 por ciento de obras de impacto complementario y deja un 40 por ciento a trabajos de impacto directo, pero con la salvedad de que 21.3 millones de esa bolsa son para una zona que ya cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado y quienes solo se verán beneficiados con una rehabilitación.  

  • Deuda por contraer  

160,167,498.16 mdp  

  • Obras complementarias  

96,374,116.80 mdp  

  • Obras de impacto directo  

64,066,999.26 mdp  

  • Obras de impacto directo en el CH 

21,353, 943.72 mdp 

  • Monto para obras complementarias y donde ya hay servicios 

117,728,060.52 mdp  

73.5% de la deuda por contraer  

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