El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destapó una auténtica cloaca de corrupción y abusos por parte de despachos de cobranza extrajudicial, avalados por el organismo, los cuales, a través de la presentación de 373 mil juicios masivos irregulares, despojaron de sus viviendas a 249 mil derechohabientes en el país, entre ellos 10 mil 577 poblanos.
Por estas maniobras, los despachos recibieron por más de una década -desde 2012- pagos por 22 mil millones de pesos, lo que equivalente al presupuesto anual del estado de Tlaxcala o la bolsa total de la Pensión para el Bienestar para Personas con Discapacidad Permanente e incluso es superior o lo que se destina para entrega de fertilizantes en un año.
Para lograr su cometido, explicó el funcionario, los despachos presentaron, entre otras cosas, juicios en estados del país diferentes a la residencia de los tenedores del crédito -hay casos de 17 mil personas de Chihuahua que fueron demandados en Nayarit- y se valieron de una muy bien orquestada estrategia que implica a notarios e integrantes de los Poderes Judiciales federal y locales.
A raíz de que en 2018 se frenó el saqueo de los despachos extrajudiciales, nueve simularon juicios individuales y siguieron con la estrategia de las demandas masivas en la Ciudad de México. El asunto llega a tal nivel que 63 mil juicios fueron tramitados en un solo Juzgado Civil, el número 60, lo que llevó a que mensualmente atendiera más de 4 mil expedientes.
Lo peor es que solo el 4 por ciento de los demandados son de la Ciudad de México. Los datos revelan que 6 mil 500 son de Puebla, 6 mil 300 de Estado de México, 6 mil de Tamaulipas; 3 mil 800 de Sonora y 37 mil de otros estados.
Romero Oropeza añadió que hay otros 75 juzgados civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que, en 2022, aceptaron 12 mil 600 juicios de tales despachos. “Todo esto es una red de corrupción que tenía como objetivo que el derechohabiente no se enterara de que estaba siendo demandado”, añadió.
El asunto resulta más escandaloso porque en las estrategias de los despachos se encuentran implicados un representante sindical del organismo y un integrante de la Comisión de Vigilancia del Infonavit, propuesto por la Coparmex, y que además de ser representante legal de una de las firmas involucradas en este esquema fraudulento, también es miembro fundador de la constructora “Automatic Developments”, que tiene proyectos autorizados por el Consejo de Administración de la institución y representaría un conflicto de interés.
A pesar de la magnitud del problema, la administración actual del Infonavit, bajo la dirección de Romero Oropeza y con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, ha comenzado a revertir los daños. Desde 2018, se implementaron medidas para detener los juicios masivos, congelar créditos impagables y otorgar beneficios a los derechohabientes afectados, como la quita de intereses y la reducción de mensualidades. Hasta noviembre de 2024, se habían rescatado 590 mil créditos, un logro significativo que busca devolver la tranquilidad a miles de familias que estuvieron al borde de perderlo todo.
Sin embargo, el camino hacia la justicia es largo. La denuncia penal presentada en 2020 contra despachos, notarios y funcionarios judiciales en Nayarit fue solo el comienzo. Las investigaciones han sacado a la luz una red de corrupción que operó a nivel nacional, afectando principalmente a seis estados donde se concentraron el 86 por ciento de las demandas. Esta red no solo vulneró el derecho al debido proceso de los afectados, sino que también permitió que despachos corruptos continuaran recibiendo pagos millonarios, incluso después de ser señalados públicamente.
El costo humano y social de este esquema es incalculable. Más de 207 mil viviendas, despojadas de forma irregular, permanecen en un limbo legal: ni son del derechohabiente original ni pueden ser escrituradas por el Infonavit. Otras 42 mil viviendas fueron subastadas, dejando a sus propietarios originales sin posibilidad de recuperarlas. Para agravar la situación, se descubrió que 22 mil acreditados afectados estaban al corriente en sus pagos, lo que evidencia el nivel de arbitrariedad con el que operaron estos despachos.
El caso del Grupo ACSER, uno de los despachos más beneficiados por este esquema, ilustra la impunidad que caracterizó al sistema. A pesar de las irregularidades, este despacho recibió pagos por más de 103 millones de pesos, gestionados directamente por un dirigente sindical del Infonavit. Hoy, su oficina en Veracruz está abandonada, con expedientes legales tirados en el suelo, un símbolo tangible del desorden y la corrupción que definieron esta operación.
El destape de esta cloaca ha abierto una herida profunda en el sistema de vivienda en México, que ocurre en el marco del debate por la Ley del Infonavit, la cual busca transformar el acceso a la vivienda en el país, priorizando a los sectores más vulnerables.
