Mientras el alcalde panista de la capital Eduardo Rivera Pérez se deslinda y responsabiliza ahora a la Secretaría de Salud estatal por el caso de los menores que resultaron intoxicados con alcohol adulterado en una fiesta, desde el Congreso del Estado se pedirán sanciones contra funcionarios del ayuntamiento por su falta de actuación contra los responsables de la organización del evento realizado en el Salón Country de San Manuel.
A través de un punto de acuerdo, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Eduardo Alcántara Montiel, puso en jaque a la administración riverista, aunque el alcalde se empecine en mantener al director de Normatividad y Regulación Comercial, Enrique Guevara Montiel, por ser uno de sus más allegados dentro del Yunque y del PAN.
La Contraloría Municipal deberá iniciar una investigación en contra de funcionarios del ayuntamiento por presuntas omisiones en sus facultades de vigilancia y aplicación de las normas municipales que regulan los espectáculos públicos y venta de bebidas alcohólicas, así como determinar si existió daño patrimonial por no cobrar las contribuciones que corresponden al evento organizado en el Salón Country de San Manuel el pasado viernes, de aprobarse este punto de acuerdo.
El principal señalado es Enrique Guevara Montiel quien debió haber requerido toda la información relacionada con el evento “Halloween 2022 by Cabritos”, al que convocó la empresa Cabritos Social Group, la cual desapareció de redes sociales e internet tras lo sucedido.
Como funcionario con atribuciones legales, Guevara Montiel cuenta con las facultades de vigilancia y aplicación de las normas que establece el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun). Al tratarse de un evento para el cual se descubrió que la empresa vendió boletos, debió aplicar aquellas normas que regulan los espectáculos públicos y venta de bebidas alcohólicas, de paso cerciorarse que no se violó la ley al vender alcohol a menores de edad.
No lo hizo, ya que el también exdiputado local únicamente se apersonó al lugar un día después del evento, conformándose con la supuesta versión del dueño del salón social sobre que se trató de una fiesta privada. Ninguna autoridad municipal se apersonó tras recibir los reportes de los vecinos por el evento masivo.
Testimonios de padres de familia recogidos por portales de noticias dan cuenta que los jóvenes -en su mayoría de entre 15 y 19 años de edad- comenzaron a presentar cuadros de intoxicación en menos de horas de haber ingresado al evento. “Se requería urgentemente la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil del Municipio de Puebla”, consigna Eduardo Alcántara en su punto de acuerdo.
Guevara Montiel también sería responsable de causar un daño al erario, pues por la venta de boletos para el evento, la Comuna capitalina debió obtener el pago de una contribución por parte de la empresa organizadora.
Es por ello que el legislador en su punto de cuerdo se exhorta al ayuntamiento de Puebla a informar qué área, departamento o dirección emitió el permiso, licencia o autorizaciones para la realización de la fiesta que reunió a más de 300 adolescentes y jóvenes, en su mayoría estudiantes de preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
De acuerdo con Eduardo Alcántara se desconoce si el organizador contaba con los permisos correspondientes para un evento masivo con boletaje, para la venta de alcohol en el inmueble con licencia de salón social y si hubo una revisión por parte de estos para verificar que los asistentes contaban con identificación oficial que acreditara la mayoría de edad.
El legislador de Acción Nacional y exsecretario de Gobernación de la capital basó su análisis en ordenamientos jurídicos que establecen la normatividad que debió aplicarse al tratarse de un evento masivo con ingesta y venta de bebidas alcohólicas.
Por el boletaje vendido para el acceso al evento se aplicaría el propio Coremun pero además el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla. El artículo 193 del del Código Fiscal municipal señala el objeto del cobro del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, por lo que la fiesta de Halloween debió ser sujeto de cobro de impuestos de espectáculos.
Para ello, la Contraloría Municipal deberá requerir a la Coordinación de Fiscalización de Espectáculos Públicos, que depende de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial un informe sobre las contribuciones exigidas al organizador, que el propio Coremun señala con la figura de “promotor de espectáculos”.
“Articulo 479. Toda empresa dedicada a la promoción, patrocinio o explotación de espectáculos públicos requiere para su presentación, de la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal a través de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial”, señala el Código Reglamentario.
En cuanto al expendio de bebidas alcohólicas en el evento, la Ley Orgánica Municipal señala que es atribución de los Ayuntamientos otorgar previos requisitos de ley, las licencias o permisos provisionales para venta y suministro de bebidas alcohólicas, de acuerdo con la última reforma de fecha 9 de octubre de 2015 al artículo 78 fracción LXV.
Asimismo, Alcántara Montiel señala que el ayuntamiento no puede librarse de su responsabilidad sobre la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, ya que el Coremun señala en el artículo 615 que este tipo de establecimientos tienen prohibida su venta o enajenación de bebidas alcohólicas, cigarros a menores de edad, así como permitir el consumo de las mismas en estos establecimientos.
En el punto de acuerdo el legislador del blanquiazul propone que de acreditarse conductas omisivas que dolosa o culposamente fueran atribuidas al propietario, administrador del salón Country como responsable solidario y como titular de licencia vigente, y en su caso por permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, se exhorta al Ayuntamiento de Puebla a que proceda con la clausura definitiva y la revocación de la licencia respectiva.
