Representantes de las organizaciones 10 de Abril, exvictoria y Emiliano Zapata, alzaron la voz para denunciar lo que describen como años de abusos y agresiones de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) en el mercado Emiliano Zapata.
Según sus declaraciones, la situación ha empeorado ante la inacción de las autoridades municipales, quienes han permitido que la UPVA actúe con total impunidad, ejerciendo control sobre el mercado y sometiendo a los comerciantes independientes a un constante clima de amenazas y extorsiones.
Los inconformes explicaron que, desde su fundación, el mercado Emiliano Zapata ha sido un espacio de disputa entre diversas organizaciones comerciales. Aunque muchos de ellos fueron inicialmente miembros de la 28 de Octubre, decidieron separarse de la organización en 1995 tras el reordenamiento comercial en Puebla.
Desde entonces, aseguran haber sido etiquetados como “traidores” por los actuales dirigentes de la 28 de Octubre, quienes según ellos, no tenían ni siquiera una participación activa en la organización cuando ocurrió la separación.
Uno de los principales puntos de conflicto es el control del estacionamiento del mercado. En 2016, ambas partes acordaron administrar conjuntamente el estacionamiento, destinando los recursos generados a mejoras dentro del mercado.
Sin embargo, los comerciantes independientes denuncian que la UPVA se apropió del estacionamiento mediante el uso de grupos de choque, desviando los ingresos y dejando en el olvido las mejoras prometidas.
Las organizaciones también acusan a la 28 de Octubre de recurrir a la violencia para mantener su control. Durante la pandemia de Covid-19, la UPVA se opuso a las medidas de control de acceso al mercado, lo que resultó en enfrentamientos entre sus miembros y los comerciantes independientes.
Según los denunciantes, estos actos de intimidación han sido frecuentes, y han llevado a muchos comerciantes a replegarse para evitar mayores conflictos.
Más recientemente, en junio de 2023, un nuevo acuerdo entre las organizaciones del mercado y el Ayuntamiento de Puebla para alinear a los locatarios y vendedores semifijos quedó en el aire.
Los denunciantes afirman que la UPVA ignoró el acuerdo y, en su lugar, se apoderó de una caseta de vigilancia construida por la organización exVictoria, sin que las autoridades intervinieran para frenar el despojo.
Otro aspecto de la denuncia es el cobro arbitrario de cuotas a vendedores ambulantes dentro del mercado, pues según los representantes de la organización 10 de Abril, la 28 de Octubre ha roto acuerdos previos para administrar estos cobros y ahora exige pagos diarios de hasta 50 pesos, amenazando a quienes no cumplan con expulsarlos del mercado.
Además, se han registrado casos de violencia directa, como el ocurrido contra vendedoras de tortillas de mano, quienes fueron amenazadas por Gabriel Campos Flores, supuesto enviado de Rubén Sarabia Sánchez, conocido como Simitrio, dirigente de la UPVA.
Ante estos hechos, las organizaciones afectadas hicieron un llamado urgente al gobernador del estado de Puebla y al presidente municipal para que intervengan y pongan fin a los abusos.
También han solicitado la actuación de la Contraloría Municipal para investigar la presunta omisión de funcionarios públicos, como el secretario de Gobernación Jorge Cruz Lepe y el director de Mercados, Ricardo Larracilla, quienes, según los denunciantes, han permitido que la 28 de Octubre opere con total libertad, sin respeto a los acuerdos establecidos y en detrimento de la paz y el orden en el mercado Emiliano Zapata.
FISCALÍA INVESTIGA HECHOS RELACIONADOS CON LA AGRUPACIÓN
Además de las acusaciones contra la agrupación, la Fiscalía de Puebla, que dirige Gilberto Higuera Bernal, informó que investigan la participación de integrantes de la 28 de Octubre en un ataque contra policías municipales, el pasado 2 de agosto, que dejó como saldo cinco uniformados lesionados y un franelero de la agrupación sin vida.
La Fiscal Especializada en Homicidios, Odette Alejandra Flores, explicó que el conflicto se desató en la colonia Santa María Rivera cuando policías acudieron al lugar para atender un reporte. Sin embargo, al llegar, los uniformados se vieron superados por los integrantes de la 28 de Octubre, quienes los atacaron con bates y piedras, lo que obligó a los agentes a solicitar refuerzos.
En medio del caos, una moto patrulla fue quemada y se cometió robo de tres armas de fuego pertenecientes a los agentes de seguridad, por lo que Higuera Bernal declaró que la FGE se encuentra en pleno proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido.
La investigación busca determinar si hubo premeditación en la agresión, identificar a los responsables, y esclarecer si el disparo que causó la muerte del civil fue hecho por algún elemento de la SSC o si se trató de un acto ilícito cometido por otra persona.
