Tras la histórica despenalización del aborto en Puebla, diversas colectivas feministas alzaron la voz para exigir que el acceso a este derecho se extienda a los 217 municipios del estado, pues actualmente el servicio seguro solo está disponible en un número limitado de hospitales, lo que, según las colectivas, limita el acceso para muchas mujeres, especialmente en zonas rurales y marginadas.
El Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS), que lidera Natalí Hernández, en seguimiento a la implementación de la despenalización del aborto en Puebla, apuntó que los únicos nosocomios habilitados para este procedimiento son el Hospital de la Mujer en Puebla y Tehuacán, el ISSSTE, el ISSSTEP y el IMSS de La Margarita.
Sin embargo, estos centros de salud no son suficientes para atender a toda la población femenina del estado, lo que deja a muchas mujeres sin opciones cercanas para acceder a un aborto seguro.
Actualmente, al menos 300 mujeres de 25 municipios han logrado acceder a este derecho a través de amparos en municipios como Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Coronango, Cuautlancingo, Huauchinango, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula, entre otros.
Sin embargo, a decir de Natalí Hernández, hay una necesidad urgente de expandir la cobertura pues la atención solo se ha concentrado en sitios como la capital poblana y Tehuacán, donde mujeres tienen que trasladarse para poder interrumpir el embarazo.
“Ahora, el reto es que estos servicios se amplíen y lleguen a otras localidades, a otros territorios, para que, además, se pueda dar ya sin la necesidad de que las mujeres se amparen a través de las organizaciones”, comentó.
NECESARIA, MAYOR INFORMACIÓN
Además de exigir la ampliación del servicio, las colectivas sostuvieron necesario que el sector salud informe a las mujeres sobre su derecho a la interrupción del embarazo, toda vez que, a pesar de la despenalización, muchas mujeres aún desconocen que ahora pueden acceder a un aborto seguro y legal sin ser perseguidas.
Otro tema de preocupación para las colectivas es la violencia obstétrica. Cynthia Ramírez, representante del colectivo Redefine Puebla, sostuvo que es un problema que podría intensificarse tras la despenalización del aborto, toda vez que clínicas y hospitales particulares han manifestado su derecho de “objeción de consciencia”, para negar la práctica de la interrupción del embarazo.
Externó que en caso de que algún médico decida ejercer su derecho a la objeción de conciencia y se niegue a realizar un aborto, los hospitales tienen la obligación de contar con personal capacitado y dispuesto a llevar a cabo el procedimiento de manera segura.
La activista apuntó que la capacitación del personal de salud no solo es una medida necesaria para mejorar la calidad de la atención, sino también para proteger los derechos de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
“Ha pasado que hospitales completos se declaran objetores de conciencia, eso no es posible, solamente pueden hacerlo los médicos de forma individual, las instituciones públicas deben tener listas de estas personas, que solamente pueden ser las que directamente están en el procedimiento, porque nos ha pasado que el personal administrativo dice ‘acá no se hace eso”, lamentó.
El pronunciamiento se dio a un mes de que el Congreso del estado despenalizó el aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación, convirtiéndose en el número 14 del país en hacerlo tras modificarse el Código Penal.
