El Congreso del Estado vigilará que los Ayuntamientos no incrementen de forma irregular el cobro de sus derechos a la ciudadanía en sus leyes de ingresos 2023.
Así lo afirmó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien exhibió que en el caso de la Ley de Ingresos del municipio de Puebla se detectó que plantearon un aumento en el cobro de algunos derechos del 10 por ciento, superando el ajuste por inflación.
“Estaremos haciendo la propuesta para poderlo generar y sobre eso veremos cómo va el tema de aprobación, pero es lo más deseable para todos”, manifestó el diputado local al señalar que se buscará que los incrementos que presenten los ayuntamientos sean por debajo de inflación a nivel nacional.
En el tema específico del Derecho al Alumbrado Público (DAP), el coordinador de Morena en el Congreso local señaló que se revisará que el cobro que se quiera realizar por parte del municipio de Puebla sea apegado al costo que tuvo para el ayuntamiento el mantenimiento del servicio de luminarias únicamente.
Explicó que no se tiene reunión programada con el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, para cabildear la aprobación del cobro de este derecho, pero atenderán cada petición que les llegue y revisarán que ningún cobro esté por arriba del parámetro establecido en la fórmula validada por la Corte.
Expuso que se solicitará que cada Ayuntamiento transparente el convenio que firman con la Comisión Federal de Electricidad para subsidiar una parte de los contribuyentes de cada municipio para pagar el DAP.
“La Comisión Federal de Electricidad les hace el descuento y si tenían que pagar 10 de luz normal, ellos del DAP recolectaban 4, así que hoy van a pagar 6; ahí es donde tiene que reflejarse ese descuento y tendrá que repercutir en qué van a invertir, y ahí va a ser medido”, expresó.
En otro tema, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal aprobó la Ley de Ingresos del Estado para el 2023, con un estimado de recaudación de 119 mil 199 millones de pesos.
El presidente de la comisión, Jorge Estefan Chidiac, dijo que la propuesta fiscal fue ajustada y no rebasa el índice inflacionario nacional que superó el 8 por ciento durante el año y tampoco considera nuevas contribuciones para el siguiente ejercicio.
“Los incrementos que se aprueban en esta ley a los derechos que se cobran por los servicios públicos son exactamente al 8 por ciento; la inflación fue superior al 8 por ciento, casi 9 por ciento. De tal manera que es un presupuesto viable para el estado, no hay nuevos impuestos, no se modifica nada, no hay programas especiales”, externó.
