Por irregularidades cometidas durante los ejercicios fiscales 2016, el Congreso de Puebla irá por el inicio de procedimientos de Responsabilidades Administrativas en contra de José Juan Espinosa Torres, Pablo Morales Ugalde, Rafael Núñez Ramírez, Gustavo Salomón Lara Torres, así como Ernestina Fernández Méndez.
La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado /ASE) aprobó por unanimidad de votos el proyecto de dictamen por el que da al Inicio de Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades por daño patrimonial a las haciendas municipales por parte de 36 ex presidentes municipales y servidores públicos de entidades fiscalizables.
Entre las cuentas públicas que propondrán se inicie con un proceso administrativo se destacó lo de San Pedro Cholula, con José Juan Espinosa; Tehuacán, con Ernestina Fernández; Ajalpan, con Salomón Lara Torres; San Martín Texmeluca, por Rafael Núñez Ramírez; Chilchotla, con Valentín Medel Hernández; Palmar de Bravo, con Pablo Morales Ugalde; así como los sistemas operadores de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula y Tehuacán.
El daño patrimonial ocasionados por los 36 sujetos obligados durante el periodo 2016 asciende a los 62 millones 56 mil 173 pesos, sin embargo, aún pueden solventar observaciones realizadas en sus informes individuales de fiscalización y evitar los procesos de responsabilidades administrativas.
El caso de mayor daño a las arcas municipales durante 2016 fue el cometido por José Juan Espinosa en San Pedro Cholula, donde la cifra ascendería hasta los 18 millones 749 mil 205 pesos, de los cuales poco más de 15 millones de pesos corresponden a observaciones en la realización de obra pública.
Las observaciones ya habían sido realizadas en julio del 2019 por la Auditoría, y aprobadas por la Comisión Inspectora, sin embargo, el entonces diputado local no solventó las mismas desde ese entonces hasta la fecha.
La ASE presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en su contra ya que, derivado de las irregularidades en este ejercicio fiscal y en los años 2015 y 20’17, habría incurrido en los delitos de peculado, fraude, asociación delictuosa, abuso de autoridad y uso de facturas apócrifas, por un monto de 85.3 millones de pesos.
El segundo monto más grande de presunto daño patrimonial se registró en Tehuacán con la ex alcaldesa Ernestina Fernández Méndez, por 13 millones 334 mil 051 pesos, y que no logró solventar.
En este mismo municipio también se iniciará un procedimiento en contra del ex director del Sistema Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, Mario Alberto Andrades, por un adeudo de 10 millones 846 mil 951 pesos; además del ex titular del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Pedro Cruz Almaráz, que deberá atender el procedimiento por adeudar 4 millones 041 mil 063 pesos.
El director del este mismo sistema, pero en el municipio de San Pedro Cholula, Mauricio Arriaga Rivas, igualmente enfrentará un proceso por un daño patrimonial de 3 millones 158 mil 585 pesos en el ejercicio 2016.
Otro caso que destaca es el de Pablo Morales Ugalde, ex presidente municipal de Palmar de Bravo, que fue aprehendido en julio de 2017 por presuntamente tener nexos con el robo de combustible en el Triángulo Rojo y que fuera liberado en octubre de 2018, pues en su cuenta pública 2016 se encontró un presunto daño patrimonial de 488 mil 065 pesos.
Rafael Núñez Ramírez, ex edil de San Martín Texmelucan que también fuera investigado por posibles nexos con el crimen organizado durante los últimos meses de su gobierno, será llevado a proceso administrativo por posible daño patrimonial al municipio por un millón 811 mil 174 pesos.
Otro ex alcalde que aún enfrenta un proceso administrativo y que fuera detenido por tener nexos con el crimen organizado es Jose Isaias Velazquez Reyes, en el municipio de Atzitzintla, donde el quebranto a las finanzas del ayuntamiento sería por 696 mil 387 pesos.
