Publicado originalmente por Erika Rosete en El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
La defensa de la mujer, que enfrenta varios procesos judiciales, puede apelar la decisión mientras se mantiene con un brazalete electrónico.
La sentencia ha sido confirmada. María Guadalupe Martínez, la mujer indígena otomí acusada de varios delitos por la actual pareja de su excompañero y padre de sus dos hijos, ha sido condenada el jueves a 50 años de prisión por el delito de secuestro en una audiencia en los juzgados de Almoloya de Juárez, Estado de México. “Recibo esta sentencia con mucha rabia, tristeza y dolor al pensar que me separan otra vez de mis hijos. Yo soy inocente, por eso tantas mujeres me han abrazado”, ha dicho Guadalupe, unos momentos después de conocer su sentencia.
El caso de Guadalupe, una mujer cuya lengua materna es el otomí, apunta a las fallas estructurales de un sistema judicial que viola los derechos humanos de los más vulnerables. En el caso de Lupita, como se refieren a ella, sus familiares y amigos, nunca contó, sino hasta la tarde de este jueves, con una persona que le tradujera en su lengua materna, el otomí, los procedimientos y términos legales desde su detención —de forma irregular— el 4 de julio de 2022.
Su abogada, Gabriela Amores, y su familia, mantienen aún la esperanza en varios recursos legales que todavía podrían revertir la condena y aseguran que los siguientes días permanecerá con un brazalete de seguridad en su pierna izquierda, en su casa, como medida cautelar: “Durante la audiencia, el propio juez [Víctor Martín Mejía Hernández, del Poder Judicial del Estado de México] señaló que María Guadalupe no había tenido intención de disculparse, de pagar la reparación del daño ni de aceptar un procedimiento abreviado, por lo que su caso se resolvió mediante juicio oral. Pero lo verdaderamente grave es que hasta hoy, después de años de proceso y múltiples violaciones a sus derechos humanos, fue la primera vez que Lupita contó con una traductora”, dijeron en una declaración conjunta para los medios de comunicación.
En 2016, después de una relación casi 12 años, y de descubrir que su pareja le era infiel, Guadalupe decidió dejarlo. Un par de años antes, la violencia en su hogar se había recrudecido y las golpizas y agresiones se volvieron cada vez más comunes. En 2021, ya alejada de esa relación, intentó obtener una pensión alimenticia para sus dos hijos —una niña y un varón que son hoy todavía menores de edad—. Ella cree que esa fue la razón por la que la actual pareja de su excompañero y él mismo interpusieron varias demandas en su contra por abuso sexual, tentativa de feminicidio —delitos de los que Guadalupe ya ha sido absuelta— e intento de secuestro, pues solo un año después fue detenida y sobre ella cayó una avalancha de carpetas de investigación contra ella.
En declaraciones del pasado lunes, en su casa ubicada en el municipio de Temoaya, de donde es originaria —ubicado a unos 80 kilómetros de la capital del país— Lupita declaró: “Yo le diría a esa mujer que diga la verdad. Yo nunca la conocí, nunca tuve un enfrentamiento con ella, no sé qué es lo que quiere. Le diría que ya me dejara vivir en paz y que ella viva su vida”.
La presunta víctima, pareja de su excompañero y él mismo, la denunciaron en 2022 por presunto abuso sexual en contra de la mujer. La carpeta se convirtió en una demanda de lesiones, por la que la mujer, a través de un funcionario del Ministerio Público de Toluca, la capital del Estado de México, pidió a Guadalupe una reparación del daño de entre 30.000 y 40.000 pesos. “¿Y yo por qué le voy a dar algo a la señora si ni siquiera la conozco?”, recuerda haber respondido.
Las tres carpetas de investigación —siempre interpuestas por la misma mujer y su pareja, y elaboradas por el mismo Ministerio Público, Raúl Amauri Velázquez Jaimes— avanzaron, mientras que las pruebas de inocencia presentadas por la defensa de Guadalupe han sido reiteradamente desechadas. “Por las carpetas de tentativa y abuso sexual, Lupita queda absuelta. La que quedaba era de secuestro, donde este jueves le dieron 50 años de cárcel a una mujer inocente”, dice Amores.
Durante estos cuatro años de proceso judicial —casi dos años de esos, en prisión— su expareja y padre de los dos menores no ha aportado dinero para la manutención de sus hijos, y ha desistido de tener su guardia y custodia. De los dos niños se encargan sus abuelos y sus tíos, mientras que Guadalupe, que trabajaba como empleada doméstica para sostener a su familia, seguirá durante algunos días recluida sin poderse moverse más a allá de lo que el brazalete le permite.
