El gobierno municipal de Puebla, encabezado por Adán Domínguez Sánchez, enfrenta una de las críticas más severas de su administración tras una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) que lo obligó a indemnizar con 482 mil 394 pesos a una ciudadana víctima de violación perpetrada por dos policías municipales, un hecho que, según el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, es “una de las circunstancias más vergonzosas” de este gobierno.
Durante la sesión de Cabildo del pasado viernes, Rodríguez Juárez condenó con dureza la gestión de la administración municipal, acusándola de violar sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos. El morenista expresó que las consecuencias de estas omisiones y errores recaen sobre la ciudadanía, quien ahora deberá financiar la indemnización con recursos públicos.
“Las omisiones, los errores, las tiene que pagar el pueblo porque se paga con dinero del pueblo, no con el dinero de quienes violentaron y fallaron. Lo tenemos que hacer porque así debe y así corresponde, pero vergüenza me da votar ese punto porque estamos agarrando dinero de la gente para compensar algo que nunca debió ocurrir. Y como se los dije en el punto anterior, en la conciencia de este gobierno quedará”, manifestó.
Rodríguez Juárez criticó además la falta de transparencia por parte de la administración ante múltiples solicitudes de información sobre el caso, toda vez que desde el año pasado, se habían realizado preguntas sobre los avances en la investigación y las sanciones correspondientes, pero nunca se proporcionaron detalles.
El regidor lamentó que la contralora municipal, Alejandra Escandón, durante su última comparecencia, omitió responder sobre las acciones emprendidas tras el suceso, aún cuando la CDH ya tenía investigaciones avanzadas sobre el caso.
Por otro lado, mencionó que, aunque el entonces presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, informó sobre la baja de los policías implicados, Fernando Jesús N. y Jorge Antonio N., no se evidenció ninguna denuncia formal ni se tomaron acciones inmediatas para garantizar justicia a la víctima.
Más allá del pago económico, Rodríguez Juárez destacó que la situación representa una doble violación: no solo a los derechos de la víctima, sino también a la confianza pública en las instituciones de seguridad.
“Este es uno de tantos casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron bajo esta administración y el pueblo es quien termina pagando por los errores de un gobierno que falló sistemáticamente”.
El regidor manifestó que este acto de violencia institucional refuerza la percepción de impunidad y deja una profunda herida en la confianza hacia el gobierno municipal, que está a solo un mes de concluir su mandato.
Al respecto, la contralora municipal justificó que la indemnización económica es solo una de nueve recomendaciones de la CDH al Ayuntamiento de Puebla, de las cuales, supuestamente, siete han sido cumplidas por el gobierno municipal y uno está por ser cumplimentado.
Sin embargo, lo que no explicó es por qué estas recomendaciones y su debido cumplimiento no fueron integradas en el dictamen presentado por las regidoras Ana María Jiménez Alonso y Christian Guzmán Jiménez.
La funcionaria se limitó a señalar que no se proporcionaron más detalles de la violación contra Alondra N., al asegurar que de hacerlo “se le estaría revictimizando”.
Alejandra Escandón reconoció que la violencia institucional cometida por la autoridad municipal, derivó en diversas recomendaciones al gobierno panista, entre ellas, incluir el caso en el Registro Nacional de Atención a Víctimas, brindar atención psicológica y médica gratuita a la víctima, realizar investigación por parte de Asuntos Internos y la apertura del procedimiento de responsabilidad administrativa contra personal.
También se incluyó colaborar con la Fiscalía por el delito de violación y dar seguimiento al mismo, indemnización económica a la víctima, capacitación relativa al respeto al derecho humano de las mujeres y creación de un protocolo de violencia sexual.
Aunque expuso la lista de recomendaciones y que todas habían sido cumplidas, faltando solo la indemnización, la información correspondiente no fue presentada en el dictamen que fue votado por unanimidad en la sesión de Cabildo.
