En medio de un ambiente tenso por las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la cuenta pública 2022 del Ayuntamiento de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, cercano colaborador del exalcalde Eduardo Rivera, salió a justificar las múltiples irregularidades detectadas contra su socio, al señalar que “no hay por qué preocuparse” pues el gobierno municipal aclararía las anomalías que involucran a más de 400 millones de pesos.
Domínguez Sánchez, en un intento de salir al paso por las notas periodísticas que detallan las observaciones contra la gestión de su antecesor, aseguró que las acotaciones forman parte de “un proceso normal” de fiscalización, que no se deben interpretar como desfalcos o malversaciones.
“No hay porqué espantarse y tampoco estas notas que luego algunos de sus compañeros sacan ¿no ustedes verdad? algunos de sus compañeros sacan: está observada la administración por tantos millones de pesos, desfalco. Tranquilos, no se trata de eso, son observaciones que hace la propia auditoría”, justificó.
En un intento por minimizar las observaciones, que van desde falta de documentación, de información comprobatoria de bienes o servicios entregados, hasta simulación de competencia, todo en medio de presunto daño patrimonial y montos por aclarar, el alcalde sustituto aseguró que el municipio ha obtenido premios de transparencia y que sus finanzas se manejan de manera ”sana y conforme a la ley”.
Según él, los procesos de adjudicación otorgados desde el año 2021 cuando su socio comercial tomó protesta, se llevan a cabo de manera adecuada y el gobierno municipal aclarará todas las dudas que se presenten de anteriores años fiscales.
Sin embargo, la Auditoría poblana sacó a la luz uno a uno de los contratos donde distintas anomalías se han detectado, lo que se sintetiza en un daño patrimonial al municipio de Puebla por 45 millones 609 mil 594 pesos, y que se suman a otros 377 millones 798 mil pesos de recursos pendientes por aclarar.
CUENTAS POCO CLARAS
El informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2022 detalla una serie de anomalías en la administración de Eduardo Rivera, como un daño patrimonial de 5.1 millones de pesos relacionado con la venta de vehículos chatarra del corralón, donde hubo discrepancias significativas entre los ingresos reportados y los montos estipulados en la licitación.
Revela además un daño patrimonial de 20 millones de pesos por un contrato otorgado a la empresa Remedios Producciones y Asociados, donde se detectaron irregularidades en la documentación y la falta de justificación para los servicios de renta de baños portátiles, equipo de audio y arcos de bienvenida. Esta empresa, que también organizó eventos para Rivera como su destape a la gubernatura, fue contratada de manera directa en varias ocasiones durante la administración.
La gestión de Eduardo Rivera Pérez, también enfrentó otro escándalo relacionado con un contrato millonario con la empresa JB SYSTEM S.A. de C.V., destinado a la adquisición de consumibles para equipos de cómputo, donde se destacó la falta de transparencia en la justificación de 10 millones 300 mil pesos asignados.
Entre las irregularidades más notables se encontró la ausencia de un acta de entrega-recepción de los bienes o servicios adquiridos, así como la falta de un estudio de mercado previo para justificar la adjudicación directa a la firma.
La obra pública desarrollada por la Comuna también resultó en graves fallas en cuanto a transparencia. Proyectos como el mantenimiento del Paseo Bravo y mejoras en barrios como San Antonio y El Refugio, así como en el parque Cerro de Amalucan, presentaron irregularidades que generaron observaciones por parte de la ASE.
Adquisiciones de materiales administrativos para el personal burocrático y operativo como uniformes, accesorios menores de equipos de cómputo, prendas de seguridad, equipos de papelería y vales de despensa, fueron también otros contratos revisados por la ASE que terminaron con anomalías.
