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sábado, enero 18, 2025

Armenta tilda de “delincuentes de cuello blanco” a empresas detrás de obras morenovallistas

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El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, no escatimó en palabras al señalar a empresarios responsables de la construcción de proyectos como el Museo Internacional Barroco como “delincuentes de cuello blanco”, acusándolos de saquear al estado con deudas millonarias, por lo que no solo exigió la devolución de los fondos, sino que retó a las empresas involucradas a liberar los contratos de asociación público-privada y a cambio les ofrecería un “reconocimiento de honorabilidad”.

En especial, se mostró en desacuerdo con el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que favoreció a la empresa Melgarejo Construcciones, al señalar que dicho fallo benefició a “pseudo-empresarios” y perjudica gravemente al estado.

Armenta manifestó que esta decisión, que obliga al gobierno estatal a indemnizar a la constructora por 600 millones de pesos por la cancelación de la concesión del Libramiento Poniente, es el reflejo de las contradicciones del sistema judicial actual.    

El mandatario también hizo mención de otros proyectos que, a su juicio, están marcados por la corrupción, tal es el caso de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), cuya concesión fue realizada bajo condiciones desfavorables para el estado al ponerse en operación unidades contaminantes y favorecer únicamente a los empresarios bajo contratos “leoninos”.   

Armenta Mier criticó severamente los contratos bajo los cuales fueron creadas las líneas 1, 2 y 3 del Sistema RUTA, al afirmar que estos acuerdos dejaron un sistema de transporte deficiente y riesgoso para los usuarios.  

Armenta denunció que los autobuses actuales de esas líneas del RUTA son “chatarra”, contaminan y representan un peligro para la seguridad de los pasajeros debido a posibles fallas mecánicas, por lo que adelantó que su administración revisará los contratos próximamente.   

Según explicó, la SCJN ha emitido fallos que, en su opinión, protegen intereses empresariales en detrimento del estado, poniendo como ejemplo una sanción reciente que obliga a Puebla a pagar casi 600 millones de pesos por una obra que apenas requirió 50 millones en derechos de vía.  

Armenta vinculó los contratos de RUTA con otros proyectos cuestionados, como la construcción del Museo Internacional Barroco y la privatización del servicio de agua, drenaje y alcantarillado.   

Señaló que estos acuerdos se realizaron bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), a los que calificó como “el peor virus que hay Puebla”.  

El mandatario destacó que la rescisión de estos contratos implicaría multas millonarias que el estado no puede asumir. Sin embargo, hizo un llamado a los empresarios involucrados para que renuncien voluntariamente a estos acuerdos y liberen los proyectos de transporte, agua y cultura aprobados durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. A cambio, ofreció gestionar un reconocimiento por parte del Congreso local para restituir su “honorabilidad”.  

“¿Cuándo vas a pensar que un museo te cuesta 14 mil millones de pesos? Todas las obras que hizo Sergio Salomón, es equivalente a lo que le está costando a los poblanos el Museo Barroco, el museo no es de Puebla, es de las empresas, es un saqueo brutal, si tuvieran tantita vergüenza ya le hubieran entregado el museo a los poblanos, pero no la tienen, para ellos es saqueo y robo”, apuntó.  

Desde el pasado 6 de enero, el gobernador reveló que el estado enfrenta deudas ocultas por 4 mil 186 millones de pesos, derivadas de proyectos realizados durante la administración de Rafael Moreno Valle bajo esquemas PPS y APP, correspondientes a obras como el Museo Barroco, la plataforma de AUDI y el Centro Integral de Servicios (CIS).  

Como ejemplo, mencionó que el MIB costará a los poblanos al menos 14 mil millones de pesos una vez que se termine de liquidar. Entre las deudas adicionales mencionadas, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), por un monto de 750 millones de pesos.  

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