Era un domingo cualquiera en Cuautlancingo. El clima templado y las calles tranquilas del municipio no presagiaban lo que estaba a punto de ocurrir. Un transportista, en su rutina diaria, conducía una unidad de carga pesada cuando dos agentes de vialidad lo detuvieron.
Lo que parecía un procedimiento rutinario pronto tomó un giro oscuro: los oficiales Salvador H. y José David J. le exigieron dinero a cambio de no complicarle la vida.
El conductor, visiblemente nervioso, no sabía si obedecer o buscar ayuda. Fue entonces cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) intervinieron y sorprendieron a los oficiales in fraganti.
En minutos, el supuesto abuso de autoridad se convirtió en un caso que sacudiría a toda la corporación de Seguridad Pública de Cuautlancingo, luego de que los dos agentes, solapados en la administración de Filomeno Sarmiento, fueron detenidos.
La noticia llegó rápido al despacho del alcalde Omar Muñoz Alfaro, quien no tardó en tomar decisiones. El lunes por la mañana, el edil convocó a los medios locales y lanzó un mensaje contundente, al anunciar que los agentes serían dados de baja de la corporación.
“A raíz de este problema se debe tomar las averiguaciones necesarias y los procesos administrativos, si dos elementos de seguridad cometieron un acto ilícito se debe llevar el proceso indicado y se les va a dar de baja a estos dos elementos”, manifestó.
Muñoz Alfaro admitió que al inicio de su gestión no se realizó una depuración exhaustiva en la corporación porque los agentes habían aprobado los controles de confianza. Pero el caso de extorsión marcó un antes y un después, al anunciar que el problema los obligaría a mantener controles y a implementar filtros más sólidos.
El suceso que puso en el foco a la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, puso al descubierto lo que los transportistas de la región habían denunciado durante meses: la extorsión por parte de agentes viales.
Y es que, de acuerdo con el Ayuntamiento de Cuautlancingo, testimonios de transportistas dan cuenta que los uniformados, desde la gestión del panista Filomeno Sarmiento, pedían sumas que iban desde los 4 mil hasta los 30 mil pesos.
En un comunicado, el gobierno municipal advirtió que no tolerará actos indebidos y colaborará con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado para sancionar a los dos miembros de la corporación, investigados por presunta extorsión.
“El principal eje rector de este Ayuntamiento es y seguirá siendo trabajar con honestidad y transparencia, por lo que se reitera que no se van a solapar actos indebidos de funcionarios públicos”, manifestaron en la misiva.
De acuerdo con Página Negra, una llamada de emergencia al 911 destapó este caso de extorsión, pues una mujer denunció que los agentes habían retenido por más de dos horas a su chofer, exigiéndole 40 mil pesos para liberarlo junto con su camión.
El conductor, ante la presión, habría realizado una transferencia de 2 mil pesos, pero los elementos de la policía estatal arribaron al lugar.
Pese a la detención, el Ministerio Público especializado en delitos cometidos en flagrancia rechazó iniciar cargos en contra de los agentes y fue entonces que la mañana de este lunes, ambos fueron liberados, no obstante, hay abierta una carpeta de investigación ante la Fiscalía de Puebla para esclarecer los hechos.
