La organización Antorcha Campesina ha estado en la mira de las autoridades, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sacó a relucir la fortuna amasada por los principales dirigentes de Antorcha Campesina, y en Puebla el exgobernador Miguel Barbosa Huerta inició una serie de denuncias penales en su contra.
Aunque hoy la organización se asuma como una defensora de causas, en agosto del 2020 la UIF tuvo que congelar las cuentas bancarias de sus líderes, debido a las sospechas sobre el origen de los fondos que recibía la organización.
La acción que llevó a cabo la autoridad, mediante estrategias de inteligencia, llevaron al cese de operaciones de las cuentas de Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, en aquel entonces diputado federal plurinominal, y Franklin Campos Córdova, quien tiene varias gasolineras en la Mixteca.
La UIF, que en 2021 era comandada por Santiago Nieto Castillo, detectó movimientos irregulares en el manejo de efectivo del líder de Antorcha Campesina, Juan Celis Aguirre, quien habría recibido 658 millones de pesos y otros 128 millones de pesos provenientes de empresas constructoras.
De las cuentas que congeló la UIF en el Estado de México y Puebla, tres de ellas están vinculadas a personas morales y siete a personas físicas vinculadas con Antorcha Campesina. Con ello el presidente Andrés Manuel López Obrador asestó un duro golpe a la organización que comanda Juan Celis.
López Obrador también dejó fuera a esta agrupación de la entrega de apoyos sociales en comunidades marginadas, a través de las cuales ejercía presión mediante su política de acabar con los intermediarios en los programas.
“No vamos a dar ni un paso atrás. se acabó la corrupción, no se permite robar el dinero del presupuesto, es dinero del pueblo y a nosotros nos eligió el pueblo para ser guardianes y cuidar que nadie se robe el dinero del presupuesto ni con gritos, ni con sombrerazos, ni con nada, cero corrupción, cero impunidad”, declaró en 2021 el presidente.
Otro golpe asestado contra la organización fue cuando el gobierno federal detectó 50 gasolineras que presuntamente vendían huachicol, luego de llevar a cabo operativos como parte de las estrategias contra el robo de combustible.
La indagatoria derivó de una visita que hizo el presidente López Obrador a la región de la Montaña, en el estado de Guerrero, la cual colinda con Puebla. “Acabo de estar en la montaña de Guerrero y en todo el camino, gasolineras con pipas y con servicio, ahí hay una organización Antorcha Campesina que tiene gasolineras y sus pipas, pero no solo ellos, en general hay estaciones que obtuvieron permisos para la venta de combustible y no tienen ni siquiera una pipa”, declaró el presidente en enero de 2019.
En Puebla, Antorcha Campesina fue mayormente beneficiada con la entrega de candidaturas a cargo de elección popular durante la época del morenovallismo y en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, de quienes obtuvieron privilegios a cambio de apoyo en épocas electorales.
Fue tal la protección que obtuvieron en el estado, que Juan Celis Aguirre evitó ir a la cárcel durante los sexenios del expriista Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle a pesar de contar una orden de aprehensión otorgada por el Juez Segundo de los Penal bajo el proceso 558/2003, según documentó el portal MTP Noticias.
GOBIERNO ESTATAL ABRIÓ INVESTIGACIONES CONTRA ANTORCHA
Mientras el gobierno federal continuaba con una serie de investigaciones en contra de la familia que se encumbró gracias a la organización, en Puebla la Fiscalía General del Estado abrió una serie de investigaciones en contra de Antorcha Campesina, luego de que saliera a relucir la fortuna amasada por sus líderes.
En agosto de 2020, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta detalló que la Fiscalía seguía varias líneas de investigación en contra de la organización, derivadas de los beneficios y privilegios que obtuvo en administraciones anteriores.
“Antorcha Campesina se beneficia de rutas irregulares y transportes piratas que vamos a sacar de circulación”, advirtió Miguel Barbosa.
Y es que la organización ha sido señalada de participar en varios actos delictivos en el estado, algunos empleando al sector transportista aglutinado en el llamado Movimiento Antorchista en el Transporte, a través del cual obtuvieron varias concesiones para operar rutas del transporte público en todo el estado.
Es precisamente el bloque de transportistas vinculados con Antorcha Campesina, quienes convocaron a la marcha este jueves, para protestar en contra de la verificación vehicular en el estado y quienes amagaron con realizar bloqueos de calles.
