La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a privilegiar el diálogo para resolver el paro estudiantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que se mantiene desde el pasado 26 de febrero.
En su postura, manifestó que el Gobierno federal no intervendrá en el conflicto, salvo que las autoridades universitarias lo soliciten, en respeto a la autonomía de la institución. Asimismo, recomendó a la universidad revisar la distribución de sus recursos con el fin de dar respuesta a los reclamos estudiantiles.
“La BUAP es un organismo autónomo, sin embargo, en caso de que requieran apoyo estatal o federal, estamos dispuestos a brindarlo. Es fundamental escuchar y atender las demandas justas de los estudiantes. Diálogo, diálogo, diálogo”, exhortó.
Su postura se da luego de que, recientemente, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, acusó a la organización Antorcha Campesina de estar detrás del movimiento y los exhortó a no intervenir en la vida interna de la universidad.
En respuesta, Juan Manuel Celis Aguirre, líder de Antorcha Campesina en Puebla, rechazó que su organización esté detrás del paro en la BUAP, aunque admitió que hay estudiantes Antorchistas en la universidad.
En otro tema, Claudia Sheinbaum respaldó la postura del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, respecto a la detención de los hermanos González Vieyra, señalando que se trata de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Puebla.
Sheinbaum enfatizó que el objetivo de la investigación es esclarecer hechos delictivos y, en caso de que haya funcionarios involucrados, se procede conforme a la ley, ya sea a nivel estatal o federal. Aclaró que no se trata de una indagatoria exclusiva contra autoridades, sino de una pesquisa derivada de pruebas que han surgido en el proceso.
“Lo informado por el Gabinete de Seguridad es precisamente que en la carpeta de investigación hay pruebas de esta vinculación”, afirmó, reforzando así la versión oficial de que las detenciones responden a una investigación en curso y no a una acción dirigida contra funcionarios en particular.
