El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, reveló que detrás de la protesta de transportistas está la mano de exfuncionarios estatales que, a su paso por la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se beneficiaron adjudicándose concesiones.
El mandatario no dio nombres, pero trascendió que se trata de Rómulo Arredondo Gutiérrez y Valentín Meneses Rojas. Del segundo, no es la primera vez que su nombre sale a flote. Cuando Rafael Moreno Valle Rosas decidió cancelar la ruta que circulaba por el periférico, el principal damnificado fue el exsecretario de Gobernación en tiempos de Mario Marín Torres.
Luego se supo que había múltiples irregularidades en las concesiones y solo fue cuestión de jalar del hilo para descubrir la cloaca. A cambio de que no procedieran en su contra, envió a sus operadores a ayudar al panista para que lograr doblar a concesionarios que se oponían a la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado, principalmente la dupla de fichitas Delfino Reyes Bocardo y Ángel Sierra de la Rosa.
El segundo fue preso por su caprichosa resistencia, mientras que el primero supo leer la situación y no tuvo más que ceder a cambio de no ir a cárcel ni perder sus títulos.
En el caso de Rómulo Arredondo ahora se sabe que anda con la muina descontrolada porque Alejandro Armenta no lo hizo secretario de Movilidad y Transporte. Ya se ve que el exfuncionario no ha medido correctamente sus pasos, porque no solo está en riesgo su pellejo, sino que ahora pude ver cómo comienzan a salir alitas a sus títulos.
El mismo gobernador electo fue quien reveló que hay 300 concesiones en manos de exfuncionarios -sin precisar quiénes- y que ahora pretenden presionar a las autoridades para que autoricen un aumento a la tarifa.
Ayer, le explicábamos que detrás del desastre en que opera el transporte público se encuentra la mano corruptora de las autoridades. Los concesionarios hacen como que cumplen la ley, mientras que los responsables de meter en orden hacen como que los supervisan.
Este modus operandi está basado en la complicidad y la corrupción. En el círculo rojo se sabe que una de las dependencias que representan una mina de oro por la cantidad de negocios ilícitos que se pueden hacer es justamente Movilidad y Transporte.
Imagine usted: Si un concesionario como Delfino Reyes, en su mejor época como mandamás de las líneas Mayorazgo y Galgos del Sur, obtenía ganancias diarias de hasta 100 mil pesos, cuánto de ese dinero no se va a cubrir los moches a las autoridades. Y estamos hablando sólo de un líder transportista.
A eso súmeles a los hampones de Antorcha Campesina, encabezados por el orgullo del nepotismo antorchista Ovidio Celis Córdova, además de otras organizaciones como la UPVA “28 de Octubre” que ya extendió sus vetustos tentáculos a esa rama.
Los concesionarios del transporte público son los enemigos número uno de la sociedad en su conjunto, pero en esa responsabilidad también se encuentran involucradas las autoridades responsables de poner orden y trabajar a favor de los usuarios.
En el colmo del cinismo, esas autoridades ahora son los concesionarios del servicio y, pese a las millonarias ganancias, quieren mantener postrados a todos: usuarios, gobierno, choferes, automovilistas, entre otros muchos más.
Valentín Meneses, además de ser uno de los que agarra la pata de la vaca del transporte, es el titular de la Notaría 28 gracias a que tuvo 10 millones de pesos para comprarla.
También se sabe que días antes de dejar la Secretaría de Gobernación estatal en enero de 2011 autorizó la preliberación de presos de alta peligrosidad: un secuestrador, un violador y un homicida.
De Rómulo Arredondo también hay un rosario de denuncias que ha tratado de limpiar con el paso del tiempo, pero que han quedado en la opinión pública.
Con estos datos a la mano, proceder jurídica y penalmente contra los transportistas no es un atentado contra ciudadanos de a pie sino contra una mafia que solo quiere ganar millones a costillas de los usuarios.
