Seguridad y coordinación

Uno de los principales aciertos en el corto tiempo que lleva la administración de Alejandro Armenta Mier es la estrecha coordinación que impulsó para amalgamar las estrategias locales a las nacionales. Eso es evidente en los proyectos de desarrollo social, carretero, ferroviario, campo y hasta el plan hídrico. Pero, sin duda, la estrella la consiguió en el tema de la seguridad. El plan de acción fue diseñado en conjunto con el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, y con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fue así que la estrategia en suelo poblano comenzó la unción de secretarios de seguridad en 24 municipios, que concentran más del 50 por ciento de la población estatal, con vínculos o ligados estrechamente con las fuerzas castrenses. Eso llevó a crear un cinturón de contención que será respaldado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a cargo del vicealmirante Francisco Sánchez González, en conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. En la actualidad no hay entidad o municipio que pueda hacer frente al crimen organizado por sí mismo. Requiere obligatoriamente del apoyo federal, pero eso no puede ofrecer resultados sin una estrategia, una política pública claramente definida y una generosa bolsa para capacitación, equipamiento de alta tecnología y mejoramiento de las condiciones de vida de los elementos. Este gran concierto de corporaciones y mandos castrenses permite un flujo de información constante, datos valiosísimos que en unos minutos pueden definir la captura de un peligroso criminal u obtener indicios de la operación de las células delictivas. En el escenario que enfrenta nuestra entidad -y el país, dicho sea de paso- no hay cabida para esfuerzos independientes o en solitario. El crimen tiene muy claros sus objetivos y el alcance de su fuerza, lo cual solo puede contrarrestarse con estrategia, coordinación, inteligencia policial y militar. El primer y más importante paso ya fue dado por Armenta Mier. Ahora viene una segunda etapa: que la Fiscalía General del Estado esté a la altura del reto para la correcta integración de las carpetas de investigación y liberación de órdenes de aprehensión. En el tema de la investigación contarán con el apoyo de la policía estatal que pronto tendrá la facultad de llevar a cabo esas labores y de inteligencia. Por eso es importante el tema que le presentamos en esta edición: 6 de cada 10 decisiones tomadas por jueces de control en la entidad, es decir, el Poder Judicial local, derivan en vinculaciones a proceso, según el estudio Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México, elaborado en 2024 por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), la Fundación Friedrich Naumann y México Evalúa. Esa eficacia en la integración de las carpetas es la que el Poder Judicial necesita para no evadir su responsabilidad e incluso controvertirlo en el ámbito federal, por lo que el objetivo es poner fin a la puerta giratoria que beneficia solo a los criminales. Pero toda esta estrategia no tiene ningún futuro si es que no va acompañada de lo más importante: el combarte a la corrupción e impunidad. Puebla podrá contar con el mejor plan de combate a la inseguridad, pero sin la contención al máximo del poder corruptor del dinero y el tráfico de influencias, el resultado será lamentable. Más de lo mismo, pues.