La estrategia planteada por el gobernador Alejandro Armenta Mier en cuanto al combate a la inseguridad tiene una arista que pocas veces se ha visto: Apostar por ganar la percepción y crear las condiciones de confianza entre los ciudadanos.
Si bien, el respaldo de la población surge de la eficacia de los resultados que ofrecen los sistemas de seguridad, procuración y administración de justicia, hay otro factor clave que, incluso con un trabajo eficaz, puede echar por la borda todo: la percepción de inseguridad.
¿En quién confían los ciudadanos cuando hablamos de justicia y el combate a la inseguridad? En primerísimo lugar se encuentra la Marina Armada de México, seguida por el Ejército y la Guardia Nacional. El impacto de las fuerzas castrenses es crucial cuando se habla de generar una percepción de seguridad y, a la par, ofrece todo un andamiaje de fuerza terrestre, inteligencia y estrategia para impactar positivamente en el combate a la delincuencia.
El hecho de que Alejandro Armenta optara por fortalecer 24 municipios que concentran más de 50 por ciento de la población estatal, al llevar a las secretarias de seguridad a personas vinculadas o con pertenecientes a las fuerzas armadas, principalmente la Marina, así como en la Secretaría de Seguridad Pública estatal, no implica la militarización del estado sino capitalizar el doble atributo que ofrecen: percepción y fuerza.
De acuerdo con el estudio Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México, presentado en octubre de 2024 por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la Fundación Friedrich Naumann y México Evalúa, la disparidad en la confianza entre las fuerzas policiacas locales y las fuerzas castrenses es tal que mientras 90.1 por ciento de los ciudadanos dice tener confianza en la Marina, solo 58.4 por ciento y 55.1 por ciento lo tiene hacia las policías estatales y municipales, respectivamente.
Las policías municipales, de hecho, son las peores evaluadas en términos de confianza, mientras que en cuanto a corrupción la población las ubica en la segunda posición (64.7 por ciento) solo por debajo de los jueces (66 por ciento).
Es ahí, en donde la entrada de las fuerzas castrenses permite una bocanada de aire fresco en lo que se ponen en marcha los mecanismos para la capacitación, equipamiento, certificación y combate a la corrupción. Incluso, la transformación de los cuerpos policiacos en 24 municipios corresponde a integrantes de la Marina y el Ejército.
Esto también incluye a la Policía Estatal, encabezada por el vicealmirante Francisco Sánchez González.
Existen otras dos áreas cruciales para ganar la percepción: la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. Ambos se encuentran entre los peores en cuanto a confianza y corrupción. Los jueces, por ejemplo, son considerados como las autoridades más susceptibles al segundo, mientras que el Ministerio Público y la Policía Ministerial ocupan el sitio tercero y quinto.
¿Qué hacer en estas instituciones? La tarea no es sencilla y requerirá algo más que eficacia para solventar la deuda histórica de la cifra negra de denuncias. En Puebla, el último dato disponible corresponde a 2022 y revela que, de cada 100 delitos cometidos, alrededor de 93.2 no se denuncian siendo principalmente la extorsión, fraude, robo a transeúnte o en transporte público y robo a casa habitación los más importantes.
Entre las causas por las que no se presentan denuncias se encuentran: Pérdida de tiempo (31.5 por ciento) y desconfianza a la autoridad (14.7 por ciento).
