Eduardo Rivera Pérez y su equipo político andan muy contentos porque han confundido la civilidad política que ha mostrado el gobernador electo Alejandro Armenta Mier con una supuesta impunidad ante todas las fechorías que han cometido en el Ayuntamiento de Puebla. Lo peor es que los mismos riveristas se han encargado de esparcir la especie de que la cercanía que su jefe ha construido con el morenista lo ha blindado por completo ante cualquier investigación en el futuro. Eso ha llevado a que muchos panistas entren en dudas sobre su veracidad, pues saben que el exalcalde y sus colaboradores mienten hasta cuando respiran. El asunto es de máxima importancia porque los rumores esparcidos por los panistas de ultraderecha ya generaron también dudas entre los morenistas sobre qué posición tomarán frente al exedil. Por lo mientras, la Auditoría Superior del Estado ya encontró los primeros indicios del cochinero azul. En lo observado por el organismo, por ejemplo, destaca un modus operandi utilizado desde la Secretaría de Administración municipal, a cargo de Bernardo Arrubarrena García,
y repercutido en varias dependencias. Consiste en la asignación de contratos por asignación directa sin que haya una justificación legal de por medio y los beneficiados han sido empresas de dudosa existencia, ya que los expedientes no incluyeron actas constitutivas, constancias de situación fiscal o, lo que es peor, testigos o comprobantes para demostrar que los servicios o adquisiciones fueron entregadas. Hay el caso de una empresa que recibió 12 millones de pesos por consumibles y tóner sin que se sustentara en una investigación de mercado que demostrara que era la mejor opción del mercado. Esa misma empresa, según una investigación de esta casa editorial, vendió los productos con sobreprecio. A la cloaca financiera ahora hay que sumar el preocupante
problema que estalló en la última sesión de Cabildo, en donde quedó demostrado que la gestión panista tiene tal desbarajuste presupuestal, que nadie sabe a ciencia cierta a cuánto ascienden los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento y, mucho menos, el monto que tendrá disponible José Chedraui Budib para los dos meses y medio del ejercicio fiscal 2024. De acuerdo con el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, la administración del velador más caro de la ciudad, Adán Domínguez Sánchez —otro de los responsables de difundir el rumor de que está garantizada la impunidad—, en los estados financieros presentados a finales de 2023 se informó de un remanente por 819 millones de pesos, los cuales estaban comprometidos para pagarse en 2024. Pero ese dinero ha sido incluido y excluido en diferentes estados financieros mensuales de este año, por lo que el panorama es más que turbio. Para rematar la cantidad de disparates financieros, los regidores fueron informados que en agosto la gestión panista gastó 440 millones de pesos más de lo presupuestado. La pregunta inmediata fue: ¿de dónde se pagó? Ahí, nuevamente fueron notificados que la Comuna tenía 819 millones en cuentas bancarias, por lo que están disponibles 370 millones. La gravedad de esta situación es que, a decir de Leobardo Rodríguez, quien fue secretario de Administración y tesorero en el trienio 2018-2021, ese dinero no alcanza ni para pagar lo que los panistas dejarán comprometidos por obras pendientes. Ahora entiende lo preocupante que resulta que Eduardo Rivera y sus colaboradores estén difundiendo la especie de que consiguieron carta de impunidad para no ser perseguidos ni molestados.
Riveristas confunden civilidad con impunidad
