Lecciones de neoliberalismo

Puebla, en concreto el municipio de Ixtacamaxtitlán, ubicado en la entrada de la Sierra Norte, se convirtió en el mejor ejemplo de cómo se las gastan las empresas transnacionales amparadas en el neoliberalismo que tanto adoran en el PRIAN. Todo se remonta a 2003 cuando la Secretaría de Economía, bajo el gobierno del locuaz Vicente Fox Quesada, entregó la concesión a la canadiense Almadex Minerals para explotar una mina a cielo abierto para la extracción de oro y plata. Un jugoso negocio como usted comprenderá. Seis años después, la misma dependencia entregó un permiso adicional para las mismas tareas. Todo el procedimiento se realizó a espaldas de la población, a pesar de que los pobladores advirtieron en su oportunidad sobre los riesgos ambientales, sociales y culturales que una actividad de esa naturaleza traería a la región. No se trataba de una oposición ciega sino de un temor fundado de los habitantes ante las experiencias que otras comunidades han sufrido a manos de las empresas mineras, muy interesadas en obtener las mayores ganancias posibles a costillas de sus trabajadores, a quienes pagan salarios de miseria. La opacidad de las autoridades, en contubernio con la empresa, derivaron en un conflicto social que poco a poco escaló hasta convertirse en uno de los movimientos de resistencia indígena del país. Lo hicieron sin estridencias, pero con una muy buena organización. Los pobladores de un municipio perdido en la Sierra Norte poblana se convirtieron, sin quererlo, en una voz contra el neoliberalismo rapaz. Tuvieron que pasar otros dos gobiernos neoliberales -el de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto- para que los indígenas tuvieran justicia. En febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a los pobladores y colectivos que echaba abajo las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía. El principal argumento de los ministros fue que la dependencia y la empresa debieron realizar una consulta a la población indígena a pesar de que la ley no lo establecía. Ese razonamiento se tradujo como un enorme triunfo para los pueblos que defienden sus recursos naturales y puso en el meollo de la discusión si los pueblos originarios eran sujetos de derecho. Luego, vino otra lucha: La canadiense buscó reactivar los permisos, pero el aparato de gobierno intervino. Economía negó la renovación de las concesiones, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, advirtieron sobre las graves consecuencias que esa industria traería en la comunidad en las esferas social, cultural, ambiental, biodiversidad y hasta espiritual. La resolución provocó la ira de la canadiense que ahora activó el mecanismo que los gobiernos neoliberales crearon para defender a los inversionistas antes que los pueblos que gobiernan: una multimillonaria indemnización. Almadex Mineral, reveló el periódico Reforma, demandó una indemnización de 200 millones de dólares, algo así como 3 mil 552 millones de pesos, por los daños que le causaron. Lo más grave del asunto es que la compañía reconoció que antes de la resolución de la corte había invertido solo 40 millones de dólares, es decir, unos 710.5 millones de pesos y tenía planes de derrama por mil 270 millones de dólares, con los que generaría ¡600 empleos! (una ganga). Así pues, la canadiense quiere que se le paguen ¡cinco veces más! de lo que invirtió bajo el supuesto de que se afectaron las inversiones prometidas que ¡nunca fueron realizadas! En el Banco Mundial, a través del Centro de Arreglo de Diferencias de Inversión, ya tienen en su escritorio la exigencia de la trasnacional. Como se lo decíamos líneas arriba, esta historia es el mejor ejemplo del neoliberalismo que ama el PRIAN y que durante más de 40 años impusieron en el país. ¿Ahora entiende por qué la gente se cansa de tanta pinche transa?