Si alguien carece de calidad moral o política para proponer una estrategia de seguridad pública para Puebla ese es Eduardo Rivera Pérez. Los indicadores, el dato duro, así como sus decisiones al frente del Ayuntamiento de Puebla exhiben su ineptitud como gobernante para diseñar una política de combate al crimen, pero también una sospechosa complacencia hacia sectores ligados a la delincuencia, principalmente el robo de autopartes, la piratería y, ahora como candidato, del huachicol.
Vayamos por partes. El candidato de Mejor Rumbo para Puebla (PSI-PAN-PRI-PRD, ese es el orden correcto) anunció el plan denominado “Puebla Sin Miedo”, en el que aseguró muy orondo: “Vamos a acabar con el Triángulo Rojo, vamos a acabar con el robo de transporte en las autopistas y vamos a quitar a Puebla de esos penosos lugares que hoy nos encontramos”.
El problema es ese discurso choca totalmente con los resultados que entregó como alcalde de Puebla. Al irse como como candidato a la gubernatura, Rivera Pérez dejó una ciudad en 2023 con un grave incremento en los índices de 10 de 18 delitos de alto impacto, según los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrados con los datos oficiales que proporcionan las autoridades.
Uno de los delitos que el panista nunca pudo combatir fue el robo a transporte. Cuando llegó al gobierno municipal en 2021, el indicador se ubicaba con 135 carpetas de investigación. Un año después se disparó a 252, es decir, una variación de 85.3 por ciento; y en 2023 llegó a 405 carpetas, lo que equivale a 113.3 por ciento.
Con estos resultados, el exalcalde cómo puede asegurar que acabará con el delito. Si cuando quiso, no pudo, ahora que el reto es mayor al extenderse a toda la entidad, el fracaso es evidente. ¿O acaso intenta decirnos que echando a perder se aprende?
Entre los datos del Secretariado Ejecutivo hay un delito cuyo comportamiento es sospechoso por el contexto político que existe a su alrededor: el robo de autopartes. En 2022, Eduardo Rivera logró bajar la incidencia al pasar de 780 denuncias a 600, pero inexplicablemente un año después se disparó a mil 071 carpetas, es decir, un aumento del 78.5 por ciento.
¿Qué pasó? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero en 2023 el exgobernador Miguel Barbosa Huerta anunció la expropiación del polígono que abarcaba la 46 Poniente, el centro neurálgico de operaciones de las bandas criminales ligadas al robo de autopartes y vehículos.
Sospechosamente, la iniciativa nunca prosperó porque el Cabildo de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, puso mil trabas. Eso llevó al exgobernador a denunciar públicamente el retraso inexplicable para conseguir la expropiación.
La razón de esa dilación tiene explicación: La medida perjudicaba directamente al principal socio y aliado político del munícipe: Moisés Ortiz Bracho, dirigente de los vendedores de autopartes de la 46 Poniente y presidente del Movimiento de Organizaciones Sociales “Unidad por Puebla” (MOSUP), cuyos tentáculos se extienden a la Central de Abasto, los tianguis de La Curva (en San Ramón) y Los Lavaderos; a organizaciones de vendedores ambulantes de diferentes unidades habitacionales, principalmente en Bosques de San Sebastián; en el mercado “Jorge Murad”, mejor conocido como la Fayuca; la ruta 38, una red de taxis y una decena de colonias populares.
Moisés Ortiz fue uno de los principales impulsores de la candidatura de Eduardo Rivera para la alcaldía de Puebla en 2021 y eso le granjeó no solo extender su influencia en la ciudad sino que nunca prosperara la expropiación de la zona criminal de la 46 Poniente.
¿El alza del robo de autopartes en 2023 y la posibilidad de una expropiación de la 46 Poniente tiene alguna relación? Esa es la pregunta que el candidato panista debe responder, además de deberle a la ciudadanía una profunda explicación del por qué se reusó a desaparecer esa madriguera.
Lo peor del asunto es que la oposición a la expropiación de la 46 Poniente también iba acompañada del cierre de La Cuchilla, uno de los principales mercados donde operan las células criminales más peligrosas de la capital, ligadas al narcomenudeo, cobro de piso, extorsiones, robo a transeúnte, desapariciones y feminicidios.
La justificación del Ayuntamiento de Puebla fue que el sitio donde se ubica ese centro de abasto era propiedad privada, como si eso impidiera poner orden.
Esa medida no tardó en cobrarle la factura a Eduardo Rivera. En su documento oficial Revisión de 2023 de mercados notorios de falsificación y piratería, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), ubicó a La Cuchilla como el epicentro de la comercialización de productos piratas más importante del sureste mexicano, a la par de centro ilegales como Tepito, en la Ciudad de México.
Ahora como candidato a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez impulsó a Pacto Social de Integración como su principal aliado en la batalla electoral, a pesar de las reiteradas denuncias públicas y su desprestigio por vincularlo con presuntos capos del huachicol que operan en el Triángulo Rojo.
Ahora ya sabe por qué, Si alguien carece de calidad moral o política para proponer una estrategia de seguridad pública para Puebla ese es Eduardo Rivera Pérez.
El pase de charola estilo Yunque
A pesar de todos los maltratos que han sufrido a manos de Adán Domínguez Sánchez, el empleado que Eduardo Rivera Pérez dejó como velador en el Ayuntamiento de Puebla, los bodegueros de la Central de Abasto tienen su corazoncito panista.
Eso los llevó a extender una invitación al candidato a la gubernatura de Mejor Rumbo para Puebla para que realice un acto de campaña en el área de flores del complejo comercial, una oportunidad que pocos políticos rechazarían debido a que son aquellas muestras que confirman que amor con amor se paga.
El problema es que Eduardo Rivera piensa todo lo contrario. O, al menos, eso fue lo que les hizo saber a los organizadores a través de interpósitas personas, como dicen los abogados.
Resulta que el candidato panista les dijo a sus anfitriones que encantado de la vida iba a la Central de Abasto, pero debían juntar ¡mil pesos por persona!, porque eso de ir y no tener un templete, equipo de audio tipo sonidero, o verse en la necesidad de cubrir los gastos que implicaba el acto de campaña, el acarreo, la comida o los utilitarios no estaba dentro de sus planes.
Como entenderá, los organizadores ahora están metidos en un brete porque van a tener que cobrar mil pesos a cada bodeguero, embarazada, abuelito, ayudante, diablero y niño con perro para que no se pierdan la oportunidad de escuchar las propuestas de campaña del Santo Niño Huachicolero, alias Eduardo Rivera.
