La empresa concesionaria de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado de Puebla debe poner mucha atención a las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alejandro Armenta Mier. El mensaje es sencillo: podrán haber obtenido legalmente el contrato -entregado en la época más neoliberal de la entidad-, pero están frente a un gobierno que los obligará a dejar de ver la concesión como un negocio y cumplir con su obligación de servirle a Puebla y a los poblanos. Por más que Agua de Puebla para Todos difunda sus acciones y asegure que cumplirá con lo establecido en el contrato, el saldo actualmente que ofrece es negativo. A 12 años de que se entregó́ el contrato, la empresa apenas está cumpliendo con su obligación de inversión y eso es producto de gobiernos que se hicieron de la vista gorda y/o eran cómplices. La autoridad, hay que reconocerlo, entregó la concesión ante su incapacidad para manejar el servicio, por la escandalosa corrupción en la que sumieron al Soapap y evidente valemadrismo para garantizar el bienestar de la población. La autoridad vio en la empresa concesionaria al sujeto que les podría resolver el problema a cambio de permitirle hacer negocio a costillas de los ciudadanos. Esa siempre fue la lógica detrás. Hoy las cosas han dado un giro de 180 grados porque hay un gobierno dispuesto a ir a las últimas consecuencias para obligar a la concesionaria a cumplir con su obligación. El manto de impunidad que la cobija le ha permitido salirse con la suya. Por el momento, será muy difícil echar abajo el contrato por el costo multimillonario que eso representa, pero la empresa no debe olvidar que la 4T solo espera cambiar las cosas en el Poder Judicial para, ahora, ponerlos en el banquillo para acabar con los estados de privilegio y excepción que los neoliberales del PRIAN les dieron. No se trata de atentar contra los inversionistas sino de evidenciar que primero es el Estado y el bienestar de su población y no el engordamiento de los bolsillos de los empresarios. El nuevo director general de Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado, deberá entender esta situación o de una vez dar por muerto el contrato porque será solo cuestión de tiempo y eso significaría un duro golpe para la familia Hank. En otras palabras: se acabo del tiempo del negocio y es momento de que la empresa responda a favor de la población o mejor que hagan sus maletas y se larguen. Ahí está el caso del Museo Internacional del Barroco.