En el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla hay un secreto a voces: El exmicro gobernador José Antonio Gali Fayad, alias Tony Gali, anda desatado y ya mandó a decir que, aunque exista una reforma al Poder Judicial, dicha institución sigue bajo su poder. Y para que nadie tuviera duda de que sus instrucciones deben acatarse envió al magistrado de la Segunda Sala, David Paz Moreno, a reiniciar el acoso en contra de la síndica municipal de San Andrés Cholula, Felisa Jaramillo Romero. Todo se trata de una nueva argucia que los hijos del político cantante y bailarín pusieron en marcha con la finalidad de salirse con la suya en un pleito jurídico que sostienen con el empresario José Layón Aarún, a quien le rentaron un predio y ahora quieren que se los devuelva pese a que allí están en construcción una plaza comercial. La argucia consiste en afectar a 10 empresas que se atrevieron a subarrendar el predio en litigio, es decir, la presión del magistrado Paz contra la síndica busca que se eche abajo cualquier permiso, trámite o solicitud que tramitaron ante el ayuntamiento cholulteca para operar en el marco de la ley (sobre todo licencias de funcionamiento). Al quedar sin efecto los permisos para operar, entonces, Layón sufriría un duro golpe que prácticamente dejaría el proyecto sin su fuente de financiamiento. A esto se suma el acoso que el propio Layón y la síndica Jaramillo han sufrido para que se anulen las licencias de construcción de la plaza, así como el otorgamiento del número oficial y demás requisitos que fueron avalados legalmente por la pasada administración municipal. La situación es grave porque el Tribunal de Justicia Administrativa está imposibilitado para afectar a las empresas poblanas en el uso y goce de su contrato de subarrendamiento, ya que son consideradas como personas terceras ajenas a la controversia que iniciaron los hijos de Tony Gali. Como se entenderá, el uso faccioso de las instituciones para privilegiar a los vástagos Gali sigue siendo moneda corriente en ese tribunal. Pero, las cosas no son tan halagüeñas como el exmicro gobernador piensa, ya que esta acción terminará en el Consejo de la Judicatura que ahora es el órgano responsable de meter en cintura a todos aquellos integrantes del Poder Judicial que quieran pasarse de listo. Por lo que nos dicen, las sospechas también han llegado a la presidenta del Tribunal Administrativo, María de Lourdes Dib y Álvarez, quien llegó al cargo gracias a que fue impuesta por Gali. La evidencia de la presunta complicidad se encuentra en la sentencia que hace unos días emitió el pleno de ese tribunal en la que argumentaron una chicanada conocida “control difuso a favor de la autoridad demandada”, con la finalidad pasarse por el arco del triunfo una resolución firme que beneficiaba a José Layón y, de paso, dar un respiro a los Gali para que mantengan vivo el pleito. No es necesario explicar que las autoridades demandadas (en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa) no tienen permitido ejercer “un control difuso” y menos con base en ello dejar sin efectos una resolución firme. Así las cosas en la madriguera que aún controla Tony Gali. ¿Acaso los magistrados no se han enterado de la suerte que corrió Héctor Sánchez Sánchez por andar como empleadillo de Tony Gali? ¿Será que se sienten non plus ultra y creen que el Consejo de la Judicatura no se meterá con ellos? ¿Los magistrados estarán enterados que algunos de ellos ya tienen denuncias penales?
jueves, noviembre 21, 2024
