La decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito de anular el amparo que obtuvo José Juan Espinosa Torres para librar la orden de aprehensión que existe en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito abrió la caja de pandora, ya que sienta un precedente -jurisprudencia, le llaman los abogados que pondría en una muy difícil situación a aquellos que han sido denunciados penalmente por delitos cometidos por servidores públicos-.
Los magistrados del tribunal aprobaron por unanimidad echar abajo el amparo 313/2023, otorgado por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal a José Juan Espinosa, pues a su parecer había vicios de origen en la legislación que se aplicó contra el expresidente municipal de Cholula para iniciar un proceso en su contra.
Se trataba de una reforma a los artículos 432 y 433 del Código Penal, aprobada en 2016, los cuales abordan el delito de enriquecimiento ilícito y sus sanciones. A decir de la defensa jurídica de Espinosa Torres, la cual fue aceptada por el Juzgado Quinto, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a cargo entonces de Jesús Morales Rodríguez, no incluyó su rúbrica en el refrendo del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, lo cual generaba una laguna.
Lo importante es que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado advirtieron que el Poder Ejecutivo no tenía la obligación de “refrendar” esta adecuación al Código Penal mediante la firma de servidores públicos, ya que las autoridades ministeriales son las únicas competentes para la persecución de delitos.
Así pues, la nueva resolución reactivó la orden de aprehensión contra Espinosa Torres por el delito de enriquecimiento ilícito, la cual puede cumplirse en cualquier momento, ya que como se establece en el expediente aprobado, el denunciado ya dio muestras de que pudiera evadirse de la justicia.
Regresemos al punto inicial. Fuentes confiables confiaron a estos tundeteclas que existen “muchos” casos de exservidores públicos que habrían sido beneficiados con este criterio, que obtuvieron un amparo, pero éste no fue ratificado por un tribunal colegiado, lo que los regresaría a su condición original tanto en liberación de órdenes de aprehensión y ser vinculados a proceso.
¿De cuántos estamos hablando? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero sí hay datos que permiten dimensionar la situación: en el periodo que estuvo al frente Miguel Barbosa Huerta. Entre 2019 y 2022, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició 4 mil 362 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos, es decir, un promedio de 3.4 denuncias por día.
La cantidad de denuncias, a la par, se encuentra todavía dentro del plazo para ser judicializadas. No se sabe tampoco la cantidad de procesos que fueron desestimados o los que se encuentra en litigio, pero una cosa es segura: El mazazo que le dio la justicia federal a José Juan Espinosa tendrá un fuerte impacto en muchos exservidores públicos, algunos de ellos muy prominentes que están en el PRIAN e incluso son candidatos.
Lo mejor está por venir.
