El abultado expediente de la Auditoría Superior del Estado sobre las presuntas irregularidades financieras en la administración de Claudia Rivera Vivanco en su primer año de gobierno reveló el cochinero que dejó la morenista y derivó en un daño patrimonial por 822 millones de pesos. No es que sea algo que no se esperaba, pero se comprueba que la exalcadesa no deja de sorprendernos por la magnitud de anomalías cometidas en su gestión que siempre intentó ocultar. La exmunícipe salió a dar una conferencia de prensa para decir que no hay ninguna irregularidad. Con finalidad de mandar un mensaje de fortaleza se hizo acompañar de sus principales exfuncionarios municipales. El único que al que no convocaron fue a Andrés García Viveros, cabeza del Cártel Administrativo que controlaba todo tipo de contratos y adjudicaciones. El exfuncionario –que ahora intenta hacerse pasar por columnista, a pesar de que no sabe si quiera escribir– se encuentra sujeto a proceso por el delito de hostigamiento sexual y laboral, a raíz de una denuncia presentada por Madga Karina, exasistente personal de Claudia Rivera y quien también se encuentra mencionada en la carpeta de investigación. La fallida aspirante a la reelección no ha medido que su situación política es muy diferente a la que tenía en 2021. Hoy se encuentra prácticamente sola –la única que la respalda es su mamá Eloísa Vivanco Esquinde, cacique de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena–, no pudo siquiera formar parte del consejo estatal y nacional de su partido. Poco a poco, en la Ciudad de México han caído en cuenta que la tan cacareada fortaleza política que presumía la exalcaldesa es solo una fantasía. En lugar de andar litigando en medios de comunicación, Claudia Rivera debería contratar a un buen equipo de abogados que le ayude a no pisar la cárcel, porque su inhabilitación como servidora pública está más que cantada.
PROTECCIÓN A NORMALISTAS DELINCUENTES
Con el estómago adolorido por tanta risa leímos el sesudo análisis “crítico” de varios aspirantes a reporteros –adictos al dinero que les dio Claudia Rivera Vivanco– sobre la postura que asumió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla de controvertir la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de los estudiantes normalistas que pretendían enfrentar a la Policía Estatal e incendiar Casa Aguayo, el pasado 1 de julio de 2021. Pese a las pruebas presentadas por las autoridades estatales que demostraron la intención manifiesta de los estudiantes por generar un desmán, el organismo encabezado por la nefasta activista Rosario Piedra Ibarra, prefirió decir que hubo violaciones a los derechos humanos. Y, bueno, qué se puede esperar si esa misma institución protege a corruptazos del morenovallismo nomás por el simple hecho de golpear a la administración de Miguel Barbosa Huerta. Lo que esos aficionados tundeteclas no dicen es que la resolución de la CNDH era el pretexto perfecto para que los normalistas –ojo, no son las normalistas de Teteles, son los normalistas de muchas escuelas del país– mantuvieran viva su protesta contra el gobierno del estado. Los estudiantes se encontraban en una encrucijada: Por primera vez, un gobernador había cumplido sus demandas, se firmaron acuerdos y hasta se pactó la entrega de un autobús de pasajeros. Todos los desconocieron y dinamitaron porque aceptar todo lo que les daban los haría quedar sin justificación para protestar y protestar y protestar. ¿Por qué esos extraviados tundeteclas no hacen una investigación sobre las acciones de crimen organizado que realizan los normalistas y cómo es que terminaron convirtiéndose en homicidas indirectos de las estudiantes que perdieron la vida en la caseta de San Lorenzo Cuapiaxtla, Tlaxcala, cuando intentaban robar mercancía a un tráiler de carga?
