Los gobernantes adoran a las combis y a los “galgos del sur”.
Los gobernantes odian a las combis cuando se les atraviesan a sus suburban.
Los gobernantes adoran a las bicis. Siempre y cuando sólo tengan que tomarse algunas fotos para el boletín.
Los gobernantes adoran a las bicis, siempre y cuando no tengan una bicicleta delante de ellos, en sus suburban impecables.
La felicidad de los gobernantes consiste en mirar el mundo desde sus suburban.
Hay gobernantes que adoran a los helicópteros.
Son las deidades de la rapidez y de la eficiencia.
Pero los gobernantes, no importa si son de derecha, de izquierda, feministas o antifeministas, neoliberales o marxistas, católicos o ateos viajan en suburban relucientes.
¿Alguien conoce a un político que se desplace de su casa a un mitin o a su trabajo en transporte público todos los días o la mayor parte de los días de la semana?
¿Algún político presume entre sus logros que él hace cola todos los días para esperar el transporte público en la esquina de una calle o en la estación del sistema ruta?
¿Algún político conoce el nombre de la ruta y en donde pasa, que lo lleve de su casa a la oficina donde trabaja?
¡Qué dirían los otros políticos si un político llegara a su trabajo en transporte público!
¿O si llegara caminando a su oficina?
En un país democrático, uno de los indicadores de igualdad es el uso del transporte público.
El transporte público debe ser para todos y no nada más para los “pobres”, tal y como piensa la clase política.
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El derecho a la movilidad en un transporte público de calidad debe ser un derecho humano y no la concesión de un grupo de particulares.
En Puebla estamos lejos de una visión de Estado para que el derecho al transporte público sea reconocido como un derecho para todas las personas.
Se sigue planeando el transporte público de la entidad a través del modelo persona-camión.
Además, se entiende que el transporte público es para “pobres” y que sin son “pobres” merecen combis y camiones que juegan carreritas como forma de transporte.
La premisa que guía este desprecio proviene de la clase política.
Quienes viven en los fraccionamientos de lujo son quienes toman las decisiones del transporte público en mesas donde se negocian los aumentos con los concesionarios a cambio del apoyo político en las campañas electorales.
Esta visión de corto plazo ha dañado durante años a la ciudad y al desarrollo de Puebla.
Lo peor de todo es que año con año se vive este escenario en el que se desprecia a los ciudadanos y su derecho a un transporte digno y de calidad.
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La política disfruta distrayéndonos de lo importante para presentarnos sus relatos ficcionalizados del poder.
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El Congreso local tiene en sus manos la Ley de Movilidad Estatal.
En mayo de este año se publicó en el DOF la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial cuya prioridad es la movilidad de las personas basada en la jerarquía de la movilidad.
Esta jerarquía que coloca a los peatones en el pico de la pirámide pues son los peatones los usuarios más vulnerables de la movilidad.
La Ley también señala que la planeación y el desarrollo urbano deben estar coordinados con la movilidad.
El Congreso local debe afrontar este reto. Y no se trata nada más de hacer foros con los transportistas para mantener sus privilegios sino de cumplir con el ordenamiento general.
En consonancia con esta ley, los legisladores locales tienen las atribuciones de proponer que en el presupuesto 2023 se incluya un enfoque de movilidad a partir de la Ley de Movilidad.
De otro modo, aunque aprueben la “mejor” ley de movilidad, sin recursos ni obras destinadas a la infraestructura de movilidad, todo se quedaría en buenas intenciones.
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La falta de inversión del Estado al transporte público promueve un círculo vicioso: la gente prefiere moverse en coches particulares y aumenta el tránsito vehicular, esto genera mayor concentración de vehículos, emisión de gases contaminantes y dificultad de moverse en las calles.
La gente en sus vehículos quiere llegar a tiempo a los lugares y entonces acelera en las calles en las que puede rebasando los límites de velocidad, lo que genera accidentes y muertes. La gente prefiere irse a vivir fuera del centro histórico y entonces la ciudad se descentraliza, aumenta la especulación inmobiliaria y aumentan las distancias y aumenta el número de vehículos.
Por lo que cada vez que el Estado renuncia a invertir en el transporte público o a generar soluciones globales a este desafío produce mayores problemas estructurales a mediano y largo plazo.
Seguir concibiendo el transporte público como la relación entre los concesionarios y el gobierno es una manera deficiente de encarar este reto social.
Seguir concibiendo la “modernización” del transporte público como ponerle “peluchitos” a las combis o cambiar las combis por combis más recientes mantiene intacto el problema social del transporte público y genera desigualdad.
El transporte público en Puebla funciona como un pulpo de miles de tentáculos.
Los distintos gobiernos en lugar de concebirlo como un sistema integral de transporte público metropolitano con regulaciones objetivas y precisas le han apostado a que un conjunto de particulares, bajo un modelo de privilegios político-electorales, proporcionen este servicio público.
Las rutas de transporte público obedecen a la lógica del concesionario y no del usuario del transporte público.
Lo que en línea recta para llegar de un punto a otro pueden ser 5 kilómetros, el transportista lo convierte en una tortuosa ruta de 10 kilómetros que cruza laberínticamente distintas colonias para llegar al punto deseado.
Los habitantes de la ciudad de Puebla padecen un modelo de transporte público concesionado atroz. A esto hay que sumarle la inseguridad y la decisión del concesionario de que las rutas de transporte público concesionado, las combis, dejen de pasar a las 9 de la noche.
Una decisión que sólo obedece a la lógica de ganancia de los concesionarios y no a los derechos de los habitantes de la ciudad de Puebla.
(Quienes a esa hora se quedan sin transporte pues deben pagar un taxi u otro servicio particular, con lo que el círculo privatizador del transporte se cierra).
Tampoco existe un Sistema de Indicadores de Gestión y de Calidad del transporte público en la ciudad de Puebla y su zona metropolitana, que proporcione información veraz sobre el funcionamiento, metas y objetivos del transporte público concesionado en la ciudad de Puebla.
La autoridad no lo exige y la autoridad amenaza también a los habitantes de la ciudad con la premisa de que si quiere un transporte público pues que pague más.
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El modelo de transporte público en Puebla es un fracaso.
Gobiernos van y vienen. Los años pasan y el modelo permanece intacto.
El transporte público en Puebla es intocable.
Lejos de cualquier programa o acción que construya un transporte público sostenible centrado en el derecho a la movilidad de las personas y con un enfoque global se prefiere mantener al pulpo camionero y de combis antes que hacer cambios profundos.
El olvido al tema del transporte público es proverbial.
En el área metropolitana de la ciudad de Puebla hay 241 rutas del transporte público.
En el año 2018, se registraron 4,861 accidentes viales solamente en la ciudad de Puebla.
Recientemente se anunció por enésima ocasión la “modernización” del transporte público.
Esta “modernización” sólo consiste en cambiar combis o camiones viejos, con más de 10 años de antigüedad, por vehículos recientes.
La “modernización” es un programa de crédito con un financiamiento suave para que los concesionarios cambien sus vehículos y sigan prestando el servicio.
Pero eso no es un programa de “modernización” del transporte público porque no resuelve los problemas del transporte en la ciudad de Puebla, en la zona metropolitana y demás ciudades del estado.
La construcción de una red de transporte público debe incluir varios elementos que son responsabilidad del Estado, es decir, gobiernos municipales, estatales y federales.
No es una responsabilidad de los particulares y dejar el transporte público en manos de particulares, por lo menos en Puebla ha mostrado que no es el camino correcto.
Ciudades como México cuentan con metro, trolebús, metrobús, sistema de bicicletas públicas, tren, etc.
Por supuesto, quienes defiendan las concesiones privadas dirán que el presupuesto de la ciudad de México es superior al de Puebla.
Sin embargo, las inversiones pueden provenir de distintas fuentes de financiamiento y los gobiernos pueden recurrir al endeudamiento para enfrentar cambios profundos al modelo de transporte público.
En la ciudad de Puebla se carece de un transporte público de calidad.
La clase política nunca utiliza el transporte público para movilizarse a algún punto de la ciudad.
Cuentan con el privilegio de moverse en vehículos de lujo y con choferes que conducen estos vehículos.
Por lo que desconocen qué es el transporte público en Puebla, cómo funciona y cómo para moverse de un punto a otro de la ciudad, hay que transbordar varias veces.
Puebla tiene una clase política del pasado que se mueve como todo lo que sucedía en el pasado.
