No es que los poblanos seamos menos merecedores de un sistema de transporte de vanguardia, como el que disfrutan en Guadalajara, León, Mérida, Cancún o Monterrey. Lo que nos falta no es ingenio ni voluntad, sino políticos y funcionarios menos mañosos.
Son ellos, los titulares de la Secretaría de Transporte —ahora de Movilidad—, quienes, sin necesidad de rascarle mucho, han llenado sus bolsillos a costa de perpetuar un transporte público obsoleto y corrupto. ¿Modernización? ¿Eficiencia? ¡Claro que no! Es más fácil consentir prácticas dilatorias que seguir manteniendo sus privilegios.
En su conferencia de prensa, el gobernador electo lanzó una advertencia que resonó como pedrada en vitrina:
“Vamos a revisarlo. Queremos trabajar con los transportistas. Hay líderes de los transportistas que fueron funcionarios del gobierno en algún momento y se hicieron de concesiones. Es muy grave el tema; pueden incluso configurarse delitos.”
El mensaje fue claro: váyanle midiendo el agua a los camotes.
Recordemos: hace ocho años, Juan Cervantes Hernández, presidente de los concesionarios de la Línea 1 del metrobús en Puebla, le advirtió a Rafael Moreno Valle que no podía vender la RUTA 1 sin la aprobación de los socios en asamblea general. Pero, ¿qué hizo el exgobernador? Nada bueno, por supuesto. Según Cervantes, Jesús Padilla, Abraham Sánchez y otros personajes de la SCT intentaron quedarse con esa troncal a través de presiones, con la complicidad del subsecretario Carlos Zurita.
Zurita, eterno funcionario de sexenio en sexenio, pieza clave en la liberación de concesiones y proyectos de derroteros, primero con Mario Marín y luego con Moreno Valle. ¿Color de partido? ¡Eso es lo de menos! Lo que importa es el varo.
Hoy, mi propio Cisen me confirmó que Abraham Sánchez sigue en el ajo, desde la vez en que la consultora Logit México, encargada del estudio de demanda de la RUTA 1 intentó quedarse con la concesión. Desde ahí, como socio, integró a personal que hoy trabaja en Carreteras de Cuota y que forman parte de esta red. Funcionarios y empresarios: juez y parte.
Desde 2005, este personaje se ha beneficiado entre gobiernos de todos los colores. Su brújula no es ideológica; es el peso. En 2012 y 2017, por ejemplo, se otorgaron 283 y 275 concesiones respectivamente, según datos oficiales. ¿Estudios técnicos? Ninguno. El verdadero criterio fue otro: pago de favores, clientelismo político y hasta periodistas comprados.
Ahora, no hay que ser un Sherlock para saber quiénes están detrás de las manifestaciones y la presión para que el nuevo gobierno eleve la tarifa del transporte público de 8.50 a 18 pesos.
Han dejado sus huellas por todas partes. Las mismas huellas que bien podrían conducirlos al Penal de San Miguel.
¿Modernización del transporte? Sí, pero no de la forma que nos quieren vender.
En Puebla, la modernización empieza con algo más sencillo: ¡Quitarles el volante a los corruptos!
