En el país de los «mil y un atajos», donde la ley parece a veces doblarse como varilla en manos de quienes conocen sus puntos más frágiles, surge un caso que despierta sospechas de irregularidades y potencial fraude. Un asunto que tiene como protagonista, lamentablemente, a una persona que ya no está entre nosotros para defender su palabra: la señora Lucrecia Hernández Barrales, quien, en sus últimos días, ya gravemente enferma, se vio envuelta en lo que podría ser uno de los mayores abusos de confianza y negligencia profesional en Tepeaca, Puebla.
A este medio llegaron los testimonios de los afectados, quienes aseguran contar con pruebas fehacientes para sostener que el patrimonio de su ser querido fue manipulado mediante un presunto fraude, orquestado por personal plenamente identificado de la Notaría Pública Número Dos de Tepeaca. La documentación que respalda estas declaraciones está lista para ser presentada, evidenciando lo que podría ser un delito grave y digno de una investigación a fondo.
La historia comienza el 17 de septiembre de 2016, cuando Lucrecia Hernández Barrales, en medio de un Juicio Sucesorio Intestamentario (Expediente 1654/2015) fue ingresada en la Clínica Maternal Infantil de Tepeaca. Durante cinco días, su estado de salud fue monitoreado de manera constante debido a una enfermedad terminal.
Sin embargo, en medio de ese cuadro médico, surge un acto insólito: según la Notaría Pública Número Dos, la señora Lucrecia habría acudido a sus oficinas el 20 de septiembre de 2016, apenas tres días después de ser internada, para firmar una escritura de compraventa.
Esta afirmación resulta alarmante, considerando que la familia cuenta con registros médicos que demuestran que, a esa misma hora, ella se encontraba en la clínica recibiendo atención médica.
Es aquí donde se enreda la madeja: ¿cómo es posible que la señora Lucrecia se presentara en la notaría cuando estaba bajo cuidados intensivos? ¿Qué tipo de procedimiento recomendaron las abogadas María Isabel Rosas Ruiz y María del Carmen Goytia Rosas, madre e hija respectivamente, quienes aparentemente facilitaron el trámite, y por qué ignoraron el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la señora?
Más aún, ¿cómo es que el titular de la notaría, Eduardo Guillermo Borja Ávila, permitió que se realizara una transacción en circunstancias tan dudosas?
Una fuente oculta en el anonimato, se atrevió a afirmar que la huella dactilar que obra en alguna foja, corresponde a la de un cadáver. Esto se pone más grave aún.
La familia de Lucrecia Hernández busca justicia. En un sistema donde la verdad muchas veces queda oculta tras papeles y firmas, este caso demanda la intervención urgente de las autoridades competentes para que se esclarezca si los responsables son los mencionados o si alguien más está involucrado. En tiempos donde las instituciones se tambalean ante casos de corrupción e impunidad, esta denuncia es un llamado a fortalecer la confianza en el sistema notarial, pilar fundamental de la legalidad.
Este medio se compromete a dar seguimiento a esta historia y a presentar la documentación en el momento adecuado. Porque, como dijo alguna vez el jurista y filósofo Cesare Beccaria, “el objetivo de la justicia es evitar que unos se enriquezcan a costa de la desventura de otros”.
Ya le corresponderá al gobernador electo Alejandro Armenta, llegar a revisar con lupa:
- Quiénes son los dueños de las patentes notariales y cómo operan.
- A quiénes se les acaban de entregar y porqué.
- Quiénes son algunas interesadas o interesados a llegar, y que historial tienen.
- Investigar las quejas y demandas que existen actualmente.
- Quiénes se benefician por solapar los descarados fraudes!
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