Hace no mucho tiempo, en este espacio, le dimos a conocer los lineamientos para la conformación de nuevos partidos políticos locales, en el que se privilegia la tecnología, la condición geográfica y hasta las condiciones de desarrollo de los municipios para que los ciudadanos puedan respaldar a quien consideren que los represente. Ayer, el Instituto Electoral del Estado dio a conocer que recibieron ocho avisos de intención -el primer paso de la normativa- para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. ¿Quiénes son? Raptor One Found, que pretende llamarse Partido Águila; PAS; Fuerza Obradorista, Movimiento Mexicano Humanista, Ciudadanos Independientes Unidos por Puebla, Movimiento Antorchista Poblano, Unión Ciudadana Progresista y Partido Agrario Indigenista. Sin temor a equivocarnos, el verdadero problema de las autoridades electorales se encuentra con los Antorchistas. ¿Cómo es que se puede otorgar el registro a una organización cuyos integrantes fueron señalados de actuar como el crimen organizado? Solo basta recordar que en agosto de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer la presentación de dos denuncias penales contra líderes de esa agrupación por presunto lavado de dinero. Poco tiempo después, el periódico Regeneración reveló que esos recursos habrían sido obtenidos a través del Sindicato Libertad, pero fueron producto de delitos como secuestro, extorsiones, despojo, robo y homicidios.
“La investigación fue resultado de un trabajo en conjunto con las Fiscalías del Estado de México, Oaxaca y Ciudad de México, en donde se detectó que se extorsionaba a los gobiernos y empresas privadas para llevar fletes de construcción de obra pública a varios estados”, reportó el portal Regeneración. ¿Esa es la organización que ahora quiere recibir recursos públicos, vía prerrogativas? Las autoridades electorales deben ser muy cuidadosas en el análisis no solo de los requisitos de ley que se establecen para la conformación de un nuevo partido político sino en lo que existe detrás de esa iniciativa o se corre el riesgo de hacer oficial el involucramiento de una mafia en la política electoral, tal y como Pacto Social de Integración hizo al vincularse con presuntos huachicoleros y llevar a quienes determinaran como sus candidatos. Antorcha Campesina hace mucho tiempo que dejó de ser un apéndice del PRI y se convirtió en la meretriz vendida al mejor postor. Con Rafael Moreno Valle Rosas hicieron todo lo posible para frenarlo y, después, lo apoyaron con todo, pero el tecnócrata muy pronto descubrió la menguada influencia de la agrupación y los terminó por basurear. En año pasado, con las bolsas llenas de dinero vía las arcas municipales, se sumaron al proyecto del nefasto Eduardo Rivera Pérez. Ahí están los resultados: ni en sus supuestos bastiones ganaron.
