Delfino Reyes Bocardo, líder de la Alianza Camionera de Puebla, se convirtió en el rostro visible detrás de la protesta de transportistas para exigir un alza a la tarifa del transporte público, intentona presuntamente manipulada por exfuncionarios estatales como Rómulo Arredondo Gutiérrez y Valentín Meneses Rojas.
Reyes Bocardo ha hecho del conflicto su principal herramienta de negociación: desde bloqueos en arterias principales como la Vía Atlixcáyotl hasta amenazas de paros masivos en las que infructuosamente ha utilizado tácticas de alto impacto para colocar su causa en la agenda pública.
Un ejemplo emblemático ocurrió en octubre pasado, cuando encabezó una protesta que paralizó la Vía Atlixcáyotl, afectando a miles de automovilistas y usuarios. Aunque la acción generó indignación, Reyes Bocardo justificó el movimiento como un acto desesperado para obtener respuesta gubernamental.
El líder camionero, además, ha construido su narrativa alrededor de la “crisis del transporte público”, al argumentar que los ingresos actuales apenas cubren los costos operativos básicos.
Según Reyes Bocardo, el rezago tarifario impide la renovación de unidades y mejora de servicios, aunque esta justificación ha sido cuestionada por expertos y usuarios, quienes señalan las malas condiciones de los vehículos como un reflejo de una administración deficiente.
La influencia de Reyes Bocardo no solo radica en su papel como líder gremial, sino también en el control que su familia ha ejercido sobre el sistema de transporte en Puebla.
Hasta 2015, la familia Reyes en conjunto operaba 182 de las 447 concesiones existentes, dominando principalmente las rutas del sur de la ciudad, y durante cuatro décadas, también controlaron el troncal que atravesaba la 11 Sur-Norte, consolidando un monopolio en diferentes polígonos de la Angelópolis.
Delfino Reyes Bocardo, al igual que otros líderes del transporte, fue beneficiario de concesiones entregadas durante el gobierno de Mario Marín Torres. Estas concesiones fueron gestionadas a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada en distintos periodos por Rómulo Arredondo, Valentín Meneses y José Guadalupe Castillo.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, como Diario Cambio, este trío de funcionarios facilitó la acumulación de permisos a personajes como Reyes Bocardo y la familia Sierra de la Rosa, quienes concentraron el control de rutas estratégicas como Galgos del Sur y Mayorazgo.
El padrón oficial muestra que Reyes Bocardo poseía al menos 24 concesiones, distribuidas entre rutas clave como Galgos del Sur, San Ramón-Central de Abastos y Malacatepec-Capu. Estas concesiones, sumadas a las de otros permisionarios, consolidaron una red de intereses que durante años operó sin mayores restricciones.
En 2015, el gobierno de Rafael Moreno Valle emprendió un operativo para desmantelar esta mafia del transporte público. La estrategia incluyó la detención de los permisionarios Ángel Sierra de la Rosa, José Alfredo Sierra Rosete y Rosalina Carpinteyro Calderón, quienes controlaban 117 concesiones en la ruta 11 Norte-Sur.
Aunque Delfino Reyes Bocardo no fue detenido en ese momento, informes extraoficiales señalaron que era buscado por agentes ministeriales.
Además, comenzaron a retirarse unidades de circulación para dar paso a la implementación de la segunda línea de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). Pese a los intentos legales de Reyes Bocardo y otros transportistas para frenar la entrada de RUTA 2, el gobierno estatal logró desarticular esta red.
Los datos revelan que la mayoría de las concesiones entregadas a Reyes Bocardo y la familia Sierra se obtuvieron entre 2005 y 2010, durante la gestión marinista, concesiones que permitieron a los beneficiarios realizar movimientos irregulares para aumentar sus ganancias, como la circulación de unidades fuera de sus rutas asignadas.
El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, recientemente señaló que exfuncionarios estatales podrían estar detrás o apoyando la movilización de incremento a la tarifa del transporte público a 19 pesos, dado que durante su gestión en la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes se asignaron concesiones.
Aunque no mencionó nombres específicos, trascendió que se trataría de los equipos políticos de los exsecretarios Valentín Meneses Rojas, quien ya enfrentó procesos legales por presuntos actos de corrupción, y Rómulo Arredondo Gutiérrez, ambos cercanos a Delfino Reyes Bocardo.
