El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dio un manotazo en la mesa ante las presiones para el aumento de la tarifa del servicio de transporte público, al advertir que exfuncionarios estatales se encuentran detrás o respaldan la movilización debido a que durante su paso por la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes se asignaron concesiones.
Aunque el mandatario no dijo a quién se refería, trascendió que se trataría de los equipos políticos de los exsecretarios estatales Valentín Meneses Rojas -quien ya estuvo detenido por presuntos casos de corrupción-, así como Rómulo Arredondo Gutiérrez.
Armenta Mier, de hecho, advirtió que no permitirá que los concesionarios pongan de rodillas a su administración y, por el contrario, se pondrá en marcha un diagnóstico integral de la revista vehicular, con el fin de buscar, detectar y corregir irregularidades del transporte público.
“Respetamos a los transportistas, queremos trabajar junto con ellos, pero no vamos a trabajar de rodillas, no nos vamos a arrodillar ante ninguna pretensión que no corresponda a la racionalidad”, aseveró el mandatario en conferencia de prensa este lunes.
En este tenor, instruyó a Silvia Tanús Osorio, la próxima titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) estatal, a iniciar de inmediato este diagnóstico una vez que asuma el cargo el próximo 14 de diciembre.
La revisión, explicó el mandatario, buscará digitalizar y centralizar la información de las concesiones actuales, verificando el cumplimiento de normas, detectando irregularidades y combatiendo la proliferación de concesionarios “piratas”.
“El tema lo que hará la maestra Silvia Tanús es establecer electrónicamente y digitalmente toda la información de las concesiones y a partir de ello, revisar quienes han cumplido, en qué condiciones están y obviamente identificar los piratas y quienes han estado solicitado nuevas concesiones, vamos a revisar para que no pase lo que pasó que una sola personas tiene 500, 300 o 200 concesiones y al parecer tiene que ver con los que fueron funcionarios de lo que fue la secretaria de transporte. Antes de aplicar la ley vamos a poner orden”, asentó.
VA POR LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Como parte de su estrategia, el próximo mandatario poblano Alejandro Armenta Mier indicó que, una vez concluido el diagnóstico, se pasará a una etapa de regularización de todas las concesiones, incluyendo los mototaxis que operan en algunos municipios.
A la par, se iniciará con una proceso de modernización tecnológica para el transporte público, respaldada por un subsidio federal de 350 millones de pesos así como por un presupuesto estatal.
Esto, dijo el gobernador electo, ayudará a los concesionarios a sustituir los tradicionales vehículos de combustión por unidades eléctricas, impulsando así un modelo de transporte más sostenible y eficiente.
“Vamos a valorar hasta dónde nos llega el presupuesto para apoyarles con el enganche, porque si les apoyamos con el enganche, el mismo modelo les permite, con la disminución del consumo de combustible, pagar las mensualidades sin ningún problema”, señaló.
Además, Armenta Mier indicó que se llevará a cabo una auditoría exhaustiva de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), cuyo modelo financiero actual, derivado de contratos heredados de administraciones anteriores, representa una carga económica significativa para el estado y ha obstaculizado la modernización de las unidades.
Estas declaraciones surgen en un contexto de creciente tensión, impulsado por las recientes movilizaciones de transportistas que demandan un incremento en las tarifas del servicio público. No obstante, el gobierno actual, liderado por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ha adoptado una postura categórica al rechazar cualquier ajuste, argumentando que las condiciones económicas actuales no permiten imponer una mayor carga a los usuarios.
El gobierno estatal ha señalado que un aumento en las tarifas impactaría negativamente a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables. Por ello, se ha decidido postergar cualquier resolución al respecto, dejando en manos de la nueva administración la tarea de realizar una evaluación integral que contemple tanto los aspectos financieros como las implicaciones sociales de un eventual ajuste tarifario.
