El diputado José Luis García Parra presentó una iniciativa en materia de ciberseguridad que adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado para tipificar y castigar nuevos delitos que ocurren en el ciberespacio, como el grooming, el fraude cibernético, la usurpación de identidad, el hacking, el ciberasedio, entre otros.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el legislador de la bancada de Morena propuso castigar estas conductas con uno a tres años de cárcel, así como multas de 50 a 250 Unidades de Medida de Actualización (UMA) que equivalen a 5 mil 428 y hasta 27 mil 142 pesos.
En ese sentido, y de aprobarse la propuesta, se castigaría con cárcel el grooming, que consiste en que una persona adulta se haga pasar por un infante y contacte a menores de edad a través de internet, con fines sexuales.
También se castigará el fraude cibernético, en aquellas estafas mediante mensajes de texto, para transacciones bancarias mediante engaños en páginas de internet.
El legislador de Morena propuso establecer en el Código Penal el delito de ciberasedio, que es la utilización de los medios digitales de informática para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona, hasta causarle daño a su salud.
Se establece como un crimen el hackeo, como el acceso no autorizado a un equipo informativo con fines de espiar, además de que se castigará con uno a tres años de cárcel el espionaje digital.
La pena por usurpación de identidad en la web será de uno a tres años de cárcel, mientras que podría aumentar hasta 10 años si el responsable busca un “daño económico” a la víctima, es decir, saca provecho para robarle dinero.
Argumentó que se deben implementar acciones para garantizar la seguridad de los menores y personas, ante el incremento de peligros para las personas que usan las redes sociales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso, dónde será discutida y en caso de que sea dictaminada se someterá a votación del pleno.
En su exposición, señaló que la iniciativa establece un marco legal que garantiza no sólo el acceso, sino también la protección de los usuarios en el ciberespacio, asegurando que la libertad se ejerza de manera segura y responsable.
Subrayó que las medidas legales son el pilar más sólido de la ciberseguridad para la mayoría de los países y deben serlo en nuestro estado. A la par, se debe actualizar periódicamente una estrategia integral de ciberseguridad; mejorar las capacidades de respuesta a incidentes; y la formación de profesionales de la ciberseguridad, de la juventud y de los grupos vulnerables para reforzar las competencias en materia de ciberseguridad.
Asimismo, dijo que incorporar figuras delictivas que aborden las vulneraciones a la esfera jurídica de las personas en el ciberespacio no solo es un imperativo legislativo, sino también una respuesta alineada con los esfuerzos del gobierno para proteger a la ciudadanía y garantizar un entorno digital seguro.
Esta propuesta de reforma legislativa no solo busca adaptarse a la nueva realidad, sino también contribuir al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad en la defensa de nuestras libertades y derechos, indicó.
“Debemos trabajar en colaboración poderes y órdenes de Gobierno para adoptar medidas inmediatas y estratégicas que puedan contribuir a garantizar un ciberespacio más seguro y resistente a las amenazas que enfrentamos día a día”, acotó.
