El cierre de la administración municipal de Puebla, liderada por el exalcalde Eduardo Rivera y el alcalde sustituto Adán Domínguez Sánchez, se vio gravemente afectado tras una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos (CDH).
Las revisiones aleatorias a transeúntes, que en su momento fueron promovidas como una medida de seguridad, terminaron siendo el centro de un caso de violación grave a los derechos humanos que dejó un saldo de una persona fallecida y cinco heridos.
El 24 de diciembre de 2022, un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) incurrió en un uso excesivo de la fuerza durante un operativo en las inmediaciones de la tienda Oxxo “La Gloria” de la colonia Reforma Sur.
La CDH concluyó, tras analizar el expediente 8902/2022, que existieron violaciones a los derechos humanos, específicamente el derecho a la vida y la integridad física de las víctimas, pues entre las principales conclusiones se destacó que los policías involucrados actuaron sin causa justificada y con extrema violencia, lo que derivó en el fatídico desenlace.
El expediente incluye el testimonio de uno de los agredidos, quien narró cómo los hechos se desataron aquella madrugada, cuando al llegar de Mérida pasadas las 3:00 horas de la madrugada, decidió ir con su cuñado a comprar una cerveza, pero al regresar dos policías se acercaron, lo detuvieron y acusaron de estar tomando en vía pública, aunque las cervezas estaban cerradas.
El sujeto, de quien no se detalla el nombre por protección de datos personales, explicó que los policías comenzaron a exigirle dinero a cambio de dejarlo ir y cuando se negó y sacó su celular para grabar la interacción, los uniformados intentaron arrebatarle sus pertenencias, además de que le señalaron: “¡Qué estas grabando, hijo de tu puta madre!”
Ante la negativa de entregarse al soborno, el individuo escapó corriendo hacia su domicilio, seguido por los policías, y al llegar a su casa, sus familiares salieron para protegerlo. Sin embargo, los agentes, lejos de calmarse, abrieron fuego contra el grupo.
“Al llegar a la casa grité: ¡Ayuda me quieren asaltar! Uno de los policías jaloneo y tiró a mi mamá, en eso comenzaron a salir mis tíos, mi tío Memo me preguntó ¿Quién te quiere asaltar? yo le dije, los policías, pero no te acerques porque tienen las armas y nos quieren asaltar, de pronto comenzaron a disparar. Ahí fue cuando me dispararon en la pierna, sentí caliente y me arrastré”, narró.
La víctima explicó que, en ese momento, los oficiales comenzaron a disparar indiscriminadamente contra sus familiares. Uno de sus tíos recibió varios disparos y murió instantáneamente, mientras que otro recibió un disparo en el brazo y el riñón, lo que lo dejó gravemente herido. Un tío más fue baleado en la pierna, mientras que uno de los vecinos que salió de su domicilio para ayudar, resultó herido en el pie.
Los disparos también causaron daños materiales, como en un vehículo cercano que fue impactado por las balas con daños en la moldura superior de tacómetro por más de 5 mil pesos.
Tras la balacera, una ambulancia llegó para atender a los heridos, pero el daño ya estaba hecho: un miembro de la familia de 44 años había muerto y varios más estaban gravemente lesionados.
Posteriormente, en una audiencia realizada el 31 de diciembre de 2022, se dictó auto de vinculación a proceso contra los cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana involucrados por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y abuso de confianza, quienes responden a los nombres de Miguel Ángel N., Sergio N., Arturo N., y Guadalupe Antonio N.
De acuerdo con la CDH, a pesar de que los policías involucrados habían recibido capacitación sobre el uso de la fuerza, quedó demostrado que hicieron un uso excesivo de las armas, lo que derivó en lo que se consideró una ejecución extrajudicial en el gobierno de Eduardo Rivera Pérez.
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHP) solicitó una reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas, lo que incluye atención médica y psicológica continua para los afectados.
El Ayuntamiento de Puebla deberá además proporcionar una indemnización económica a las víctimas por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas causadas por la violación de sus derechos humanos, la cual deberá cubrir el daño sufrido por las víctimas y será evaluada económicamente.
También se ordenó proporcionar atención victimológica especializada, centrada en la reparación de los daños físicos y psicológicos sufridos por las víctimas, la cual deberá ser continua y gratuita.
El presidente municipal, Adán Domínguez Sánchez, fue exhortado a cumplir con estas medidas de reparación y a garantizar que el personal de seguridad pública actúe conforme a las leyes nacionales e internacionales para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos.
La recomendación establece que, en caso de que las autoridades municipales no acepten o no cumplan con estas disposiciones, la CDH podrá hacer pública la situación y solicitar al Congreso del estado que requiera la comparecencia de los funcionarios involucrados para que expliquen los motivos de su negativa.
