Este jueves, el alcalde Adán Domínguez Sánchez se prepara para rendir su tercer y último informe de gobierno, el único que tendrá la oportunidad de presentar de viva voz. En medio de luces y flashes, se parará frente a los micrófonos con la expectativa de hablar sobre los logros de su administración. Sin embargo, en el trasfondo, la ciudad que deja no es ni de cerca la “Ciudad de 10” que él y su socio comercial, Eduardo Rivera Pérez, prometieron una y otra vez en eventos, plataformas y entrevistas.
Desde que Eduardo Rivera abandonó la presidencia municipal en busca de una gubernatura que ya se le había escapado de las manos antes de iniciar, la gestión de Domínguez Sánchez fue la única voz al frente de una ciudad que, a pesar de los discursos optimistas, enfrentó realidades que ningún informe podía maquillar.
Los ciudadanos, en sus avenidas y en redes sociales, se encuentran con una postal muy distinta a la que el gobierno intentó vender.
Las calles, lejos de estar rehabilitadas y en buen estado, se encuentran con baches por doquier, avenidas con pavimento desgastado y esquinas donde el tráfico se complica por las malas condiciones viales.
“Rehabilitamos las calles principales del Centro Histórico, ahora están más limpias y ordenadas. ¡Cumplimos!”, escribió, Adán Domínguez en su cuenta de X, acompañado de imágenes del primer cuadro de la ciudad aparentemente impecable.
Pero mientras Adán Domínguez presumía una ciudad “rehabilitada”, en otras zonas de Puebla la realidad era otra. En Mateo de Regil y Las Torres, los baches parecen haber decidido quedarse para siempre.
En redes sociales los comentarios no tardaron en llegar: “Este bonito bachecito lleva más tiempo que el alcalde en el cargo”.
Más al sur, en Paseo Destino, los conductores tienen que maniobrar constantemente para evitar caer en cráteres que pocos pueden ver debido a las recientes lluvias.
En la colonia Roma, la situación es tan desesperada que los propios vecinos comenzaron a rellenar los baches con escombro, mientras que en la calle Rosendo Márquez y la 25 Poniente no son la excepción. Allí, los hoyos son parte del paisaje y los vecinos atestiguan que hay 10 calles seguidas y un bache por cada metro.
Pero los baches no son el único problema. En los mercados municipales la situación es aún más sombría. Bajo la gestión de Domínguez y su predecesor, Eduardo Rivera, al menos 13 centros de comercio en la ciudad se han convertido en zonas peligrosas, donde la venta de drogas y el cobro de derecho de piso son parte del día a día. El mercado de La Cuchilla, célebre por haber sido escenario de hallazgos de cuerpos inhumados.
Los casos de levantones y cuerpos desmembrados se han vuelto noticia frecuente. Uno de los ejemplos más impactantes fue el secuestro del empresario César Eduardo Garrido, quien fue sustraído en el exclusivo restaurante “Mochomos” en Plaza Solesta y horas después su cuerpo desmembrado apareció cerca del C5.
Pero este no es un caso aislado: otros siete cuerpos fueron hallados en abril en circunstancias similares en Periférico Ecológico, testimonio del avance de la célula Operativa Barredora, asociada al Grupo de Operaciones Especiales Mencho (GOEM), que ante la omisión de la autoridad municipal decidieron avanzar con impunidad.
El robo en transporte público colectivo deja su cifra más cruda: tres personas diariamente sufren este delito de alto impacto en la ciudad con un incremento del 58 por ciento en comparación con Eduardo Rivera, mientras que los homicidios dolosos, por igual en números rojos con un aumento del 43 por ciento hasta septiembre.
Lo peor: la desconfianza de los poblanos en el manejo de la policía municipal por parte del alcalde sustituto derivó en que 8 de cada 10 poblanos se sigan sintiendo inseguros al salir a las calles, principalmente en el transporte público.
Lo que sí hubo fueron denuncias por proselitismo político a favor de Eduardo Rivera Pérez por parte de su alcalde sustituto, quien fue señalado por la entrega de tinacos y bultos de cemento en plena veda electoral, con la intención de favorecer directamente al entonces candidato a la gubernatura de Puebla.
La misma tendencia se replicó en el programa ‘Nutrición de 10’, el cual fue vendido en mayo como una iniciativa para fomentar valores de alimentación con la entrega de despensas, pero que en realidad era inexistente hasta antes de ese momento, pues solo consistía en cursos en línea. La entrega coincidió a la perfección con semanas previas a la elección donde Rivera competía por la gubernatura.
La entrega de basificaciones para personal del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla “Benito Juárez” fue otro talón de Aquiles para la gestión panista, al aprobarse 110 posiciones sin el debido aval del Cabildo, así como con vicios por favorecer a familiares y allegados de regidores como Ana María Jiménez Ortiz, Carlos Montiel Solana, Gabriela Ruiz Benítez o el secretario Particular de Presidencia, Enrique Guevara Montiel.
Además, Adán Domínguez enfrentó uno de los momentos más amargos de su breve gestión, luego de que una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) obligó al Ayuntamiento a indemnizar con 482 mil 394 pesos a una ciudadana víctima de violación por parte de dos policías municipales.
Lejos de ser un trámite burocrático más, la fracción de Morena-PT convirtió este punto en un juicio abierto contra la administración municipal, que estuvo hundida en “una de las circunstancias más vergonzosas” de su gestión, al ejercer violencia institucional contra la joven de apenas 21 años.
Detrás de la entrega del tercer informe, hay uno más escrito con pesos y centavos: el de fiscalización de la Cuenta Pública 2022 de Eduardo Rivera, que expone anomalías significativas que resultaron en un posible daño patrimonial de 45.6 millones de pesos al erario municipal, además de otros 377 millones 798 mil pesos que aún permanecen pendientes de aclaración, dando un total de 422.6 millones de pesos donde la Comuna cometió posibles actos de corrupción.
Los ejemplos sobran, pero uno de los más alarmantes refiere del informe que se relaciona con un contrato de 20 millones de pesos otorgado a la empresa Remedios Producciones y Asociados, la cual estuvo encargada de vestir los eventos de Eduardo Rivera con la renta de sillas, mesas equipos de audio y hasta baños portátiles, con sospechas por tener un domicilio fiscal en renta y acusaciones por haber simulado competencia con otras firmas hermanas.
La sombra de la represión también se cierne sobre el tercer informe de gobierno de Adan Domínguez y Eduardo Rivera. Uno de los momentos más simbólicos tuvo lugar en el Palacio municipal, cuando la SSC, actuando bajo órdenes directas del Ayuntamiento, arrestó a tres de sus pobladores, incluyendo al presidente auxiliar, Adolfo Pérez Torres, convirtiéndose en un preso político de la gestión panista.
