El nepotismo es, junto con la corrupción, el principal cáncer que corroe al sistema de administración de justicia en el país. Si bien es cierto que a nivel federal hay sistema civil de carrera en el Poder Judicial, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer datos del propio Consejo de la Judicatura que revelan los alcances de las redes familiares al interior de esa institución. Dicha información surge de un registro voluntario de los trabajadores, bajo protesta de decir verdad, quiénes son familiares dentro del Poder Judicial, pero como bien lo aclaró la funcionaria “hay que considerar y, como se sabe, muchas veces se declara aquellos que tienen tus mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos, es decir, a esto habría que sumar cuñados, nueros, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares que también forman parte de esta problemática”. Así pues, en la actualidad, 49 por ciento de los empleados del Poder Judicial, alrededor de 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar en esa institución. Si esto no es escandaloso va otro dato: 85.4 por ciento de los magistrados y 67 por ciento de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Los primeros tienen, en promedio, 4.7 parientes en la institución, mientras que 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando allí. Hay un caso aberrante: una persona que tiene a 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales. Eso también es corrupción y una mafia. Una de las justificaciones para saltar el problema legal de nepotismo es que las personas no son contratadas directamente por sus familiares, sino que son sembrados en diferentes áreas, de ahí que todo se vuelve un revoltijo de parientes y recomendados. Ahora bien, en cuanto al sistema civil de carrera que tanto presumen los ministros de la Corte, la secretaria de Gobernación federal se encargó de recordarles el penoso caso, ocurrido en 2019, cuando estalló un escándalo por la venta de exámenes de oposición y derivó en el cese de los responsables de la escuela judicial ya que obtuvieron 186 mil pesos por cada documento. Para no dejar a dudas, Luisa María Alcalde remató: “también se puede acreditar cómo en estos concursos de oposición las impugnaciones son elevadísimas de aquellos que no quedan en los exámenes, ¿por qué?, porque consideran que hay un alto nivel de influyentismo y de inequidad, es decir, que en estos exámenes muchas veces quedan los cercanos a los ministros o los cercanos a los magistrados”. Bueno, ahí están los datos de la red familiar que controla al Poder Judicial para confirmar que el problema se volvió endémico, ya que va aparejado con la impunidad de la que goza el personal judicial cuando son impugnados por sus acciones. También con datos del Consejo de la Judicatura, de 2004 a 2023 se presentaron 38 mil quejas contra funcionarios, de las cuales se desecharon 86 por ciento “sin ni siquiera iniciar una investigación”. De las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en todo este periodo, pero la mayoría fueron suspensiones momentáneas y apercibimientos. Solo 0.06 por ciento de las quejas derivó en una inhabilitación. Sí, leyó bien, solo 0.06 por ciento. ¿Ahora entiende por qué no quieren perder sus privilegios?
