En el discurso, inmerso en sus aspiraciones para contender por la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez se dijo un aliado de las mujeres, sin embargo, un añejo caso lo volvió a poner en el ojo del huracán, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) obligó al gobierno municipal a pagar una multa de casi medio millón de pesos derivado de omisiones para atender con eficiencia una denuncia de violación en detrimento de una joven motociclista a manos de policías municipales, hechos ocurridos en marzo de 2023.
El caso fue documentado en una recomendación emitida por la CDH a través del folio número 36/2023, donde se detalla que la ciudadana, conocida como Alondra N., fue víctima de violación por dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes intentaron cobrar una multa vial a la víctima sin ser agentes de tránsito.
Los hechos fueron mal manejados por las autoridades municipales, especialmente por la corporación que dirige María del Consuelo Cruz Galindo, lo que derivó en la recomendación de la CDH Puebla, que ordenó al Ayuntamiento el pago de una compensación de 482 mil 394 pesos a la víctima por los daños causados.
El dictamen del pago de la reparación del daño fue turnado a los regidores, quienes votarán en Cabildo este viernes 13 de septiembre el punto de acuerdo, luego de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla calculó la gravedad de los daños físicos y emocionales que sufrió Alondra N. como resultado de la agresión y la falta de diligencia por parte del gobierno municipal.
La violación, catalogada como violencia institucional, se agrava aún más al considerar que la denuncia no fue atendida de manera inmediata ni adecuada, hubo falta de seguimiento a la querella, falta de protección a la víctima y revictimización.
LA PESADILLA DE ALONDRA N.
El 16 de marzo de 2023, lo que comenzó como una simple búsqueda de su hermano en las canchas deportivas de la colonia Francisco Javier Clavijero, terminó en una pesadilla para Alondra N., una joven motociclista de 21 años.
Esa noche, dos agentes de la SSC identificados como Fernando Jesús N. y Jorge Antonio N., convirtieron su autoridad en un instrumento de abuso, lo que desató uno de los casos más perturbadores de violación en la historia reciente del municipio.
Pasadas las 21:10 horas, Alondra conducía su motocicleta hacia las canchas, sin embargo, una patrulla se estacionó detrás de ella. Al principio, parecía una simple revisión de rutina pues los dos agentes solicitaron los documentos del vehículo, pero al notar que no eran los suyos, empezaron a manipular la situación.
Con una mezcla de intimidación y corrupción, los agentes pidieron una multa de 25 mil pesos para evitar llevarse la motocicleta, cifra exorbitante que hizo a Alondra, con miedo, intentar explicar que no tenía ese dinero. A partir de entonces todo cambió.
Fernando Jesús N., el más insistente de los dos, empezó a sugerir opciones retorcidas. Alondra debía “arreglarse” con ellos, insinuando que podrían trasladarse a un lote baldío para solucionar el asunto.
El temor de Alondra se intensificó, pero ante la amenaza velada de perder su motocicleta y ser sancionada, fue obligada a escoger la “segunda opción” que le ofrecían los oficiales: tener relaciones sexuales.
“Entonces le dije escojo la segunda opción. Pero antes de eso, ya cuando me iba, porque ya me había dado las llaves de la moto, me dijo estaciónate ahí y dame el celular, no sea que te vayas a dar a la fuga. Yo tuve que seguirlo porque tenía mi teléfono y entonces seguí la patrulla, hasta que llegó a un lugar todo solo y oscuro, ahí fue cuando me bajé de la moto”, explicó.
La patrulla se dirigió hacia la calle Geranios, un lugar oscuro y solitario. Allí, la escena se volvió aún más aterradora: Fernando Jesús N. obligó a Alondra a inclinarse sobre el asiento trasero, donde comenzó a abusar sexualmente de ella.
Jorge Antonio N., mientras tanto, permaneció en el asiento del conductor, cómplice silencioso de lo que ocurría detrás de él.
En un acto de absoluta crueldad, Fernando eyaculó en el asiento trasero, dejando a la joven traumatizada y vulnerada. Tras finalizar, le permitió vestirse y la abandonaron en el lugar, dejando en su huida no solo un rastro de horror físico, sino también una profunda herida emocional.
La pesadilla no terminó esa noche. El 17 de marzo, la familia de Alondra, devastada por los hechos, denunció los hechos ante la CDH, acusando a los policías de la SSC. Alondra fue llevada a la comandancia de Rancho Colorado, donde fue hostigada, mientras su hermana intentaba obtener justicia.
El caso rápidamente acaparó la atención mediática, luego de una nota periodística publicada en el medio Municipios, que ese mismo día sacó a la luz la gravedad del asunto: los dos policías responsables habían sido detenidos y dados de baja de la SSC de manera inmediata.
Con el inicio de la queja formal en la CDH y la acumulación de expedientes, la investigación tomó fuerza. Se realizaron múltiples visitas a Alondra, quien ratificó su denuncia y se sometió a evaluaciones psicológicas, lo que llevó a que el 12 de junio, la víctima fuera informada sobre el estado de la investigación y los informes remitidos por diversas autoridades.
Los informes detallaron la secuencia exacta de los hechos, estableciendo una cronología precisa basada en la videograbación proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE). La patrulla, el abuso, la huida de los agresores y el trauma dejaron un rastro de injusticia que, hasta hoy, sigue marcando a Alondra y su familia.
El relato escalofriante de Alondra, corroborado por la documentación y los informes, reveló el impacto que estos actos de violencia tuvieron en su vida, pues según el informe de la psicóloga de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHP), Alondra presentó síntomas de ansiedad y depresión severa.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Sus testimonios revelaron una serie de faltas graves de las autoridades municipales, no solo en la forma en que manejaron la detención y el tratamiento de Alondra, sino también en la manera en que respondieron a su situación de emergencia, lo que configuró una “violencia institucional de índole sexual”.
“Los policías me estaban interrogando; como que no me creían, me veían raro de que me sabía las placas, pensaban que yo los conocía (…) Vinieron todas las patrullas, y de ahí nos fuimos, primero fui a Rancho Colorado, ahí llegamos aproximadamente a las 12:30 de la noche. La señora que me entrevistó alegó algo, pero me dijo que yo iba a decir que sí me llevaron a hacer el recorrido, pero no era cierto, me llevaron a encerrar a un cuarto y ya”, expuso Alondra N. ante lo que la CDH consideró como una revictimización y falta de atención mediante perspectiva de género.
La Comisión expuso que los agentes municipales incurrieron en “violaciones a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como a la dignidad en relación con un trato digno, y a la intimidad por actos cometidos en agravio de la sexualidad, el derecho a la no discriminación y a una vida libre de violencia en su vertiente de violencia institucional”.
La CDH instruyó al actual alcalde, Adán Domínguez Sánchez, asegurar que se brinde atención adecuada a Alondra N. y otras víctimas de violencia sexual, así como se ordenó ofrecer tratamiento médico y psicológico gratuito, con enfoque de género, que atienda las necesidades específicas de las víctimas.
Además, se requirió la continuación de investigaciones administrativas contra los agentes involucrados en el caso, así como la apertura de procedimientos contra quienes revictimizaron a Alondra y fallaron en la debida diligencia.
La Comuna fue instruida a compensar económicamente a la víctima por los daños sufridos y capacitar a su personal en derechos humanos y violencia de género, para prevenir futuros abusos.
Este viernes, el Cabildo votará por la reparación del daño de Alondra N., quien deberá recibir 482 mil 394 pesos del gobierno municipal panista por la falta de protocolos para atender a la víctima.
