El bloqueo de más de 48 horas de la autopista y carretera México-Puebla, así como del Arco Norte, sacaron a la luz uno de los más graves conflictos que padece nuestro país, cuyo impacto social no es inmediato, sino que se forja a lo largo de décadas hasta reventar de formas inimaginables. Nos referimos a la rampante e impune corrupción en los núcleos ejidales. En Santa Rita Tlahuapan, por ejemplo, acabamos de enterarnos que en 2018 los ejidatarios fueron indemnizados con 176.2 millones de pesos por las afectaciones que sufrieron por la construcción de la autopista México-Puebla, en 1950. Como puede leerlo, los ejidatarios tuvieron que esperar y litigar casi de siete décadas para obtener un pago justo por sus predios. El problema es que el dinero nunca llegó a los campesinos. El comisario ejidal Carlos Sánchez Alpízar y otro par de sujetos decidieron clavarse la indemnización. Al igual que el pago por las afectaciones, los ejidatarios esperan que el comisario sea detenido y enfrente a la justicia, por lo mientras se encuentra a salto de mata disfrutando de los millones que se transó. Otro caso igual de escandaloso son los conflictos derivados por la venta indiscriminada de tierras solapadas por los líderes de los núcleos ejidales. Un caso emblemático es el de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en donde la presión del desarrollo urbano y la codicia se combinaron para desatar el caos inmobiliario y crecimiento poblacional. Las consecuencias están a la vista: Sin agua, altos índices delictivos, la abrupta caída de la plusvalía. Esa situación se reproduce casi en todos los núcleos poblaciones más importantes del estado. Ahí está el municipio de Puebla que surgió de cinco grandes núcleos ejidales que dieron formación a cinco municipios que fueron extinguidos por el Congreso del estado, a través de un decreto en 1962: La Resurrección, San Miguel Canoa, San Sebastián de Aparicio, San Pablo Xochimehuacan y San Francisco Totimehuacan. Es la fecha que en todos estos lugares se mantienen los problemas derivados por la corrupción de núcleos ejidales: asentamientos humanos irregulares, estafas por ventas hasta cinco veces de un mismo predio; pagos indemnizatorios que nunca llegaron a los afectados; caos en el desarrollo humano y toda la hidra que se desencadena. Es más, los especialistas en desarrollo urbano ambiental afirman que el norte del municipio es la zona más crítica. Hay casos extremos de desarrollo habitacionales de interés social que se encuentran sobre ductos de Pemex, debajo de torres de alta tensión o cuyos servicios iniciaron con la recopilación de agua de lluvia. ¿Adivine cuál fue una de las causas que exacerbaron este crecimiento desproporcionado? Acertó: la autopista México-Puebla.